La creación la cuenta de la Oficina de Respuesta Oficial en la red social X generó críticas desde distintos sectores de la política por las consecuencias que pueda significar en el injerencia del Estado sobre la libertad de expresión. 

El diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, señaló que "en un Estado de Derecho se informa y se rinde cuentas, y esta oficina no tiene nada que ver con eso". Para el legislador, el Gobierno optó por "erigirse como dueño y árbitro de la verdad, pretendiendo determinar qué es falso y qué no a través de una cuenta oficial". 

Por el lado del Pro, la legisladora Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, comparó la iniciativa con el programa "6,7,8" de la gestión kirchnerista. "Si hay un aspecto en el que el Estado no debe intervenir de ninguna manera es en fabricar la verdad", sentenció.

"Los que elegimos ser protagonistas de la vida pública estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones. Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas. Jamás usar el aparato estatal para imponer la "verdad oficial". Esperemos que esta "oficina" se agote en un olvidable mensaje de X", completó. 

Que es la Oficina de Respuesta Oficial 

El Ejecutivo explicó que nueva oficina tendrá como objetivo señalar falsedades concretas y contrarrestarlas con datos, en una estrategia que busca intervenir de manera directa en la discusión pública. 

La creación de la oficina apunta a "combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales", explicaron en un comunicado. 

La decisión busca "sumar una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura". El Gobierno argumentó que "el derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración". también se inscribe en la decisión oficial de eliminar la pauta publicitaria estatal, una política que, según la Casa Rosada, puso fin al financiamiento de "relatos" y dejó al descubierto una mayor circulación de información falsa. Frente a ese escenario, el Ejecutivo sostiene que resulta necesario pasar de una comunicación pasiva a una estrategia de desmentida activa.