El canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno notificó a 180 empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y les advirtió que deberán optar entre mantener esas operaciones o afrontar sanciones y restricciones para hacer negocios en la Argentina.

"Van a tener que elegir", sostuvo el funcionario durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú. Según explicó, el universo incluye no solo a petroleras, sino también a proveedores de servicios financieros, seguros, logística y servicios petroleros vinculados con esas actividades.

Malvinas o Vaca Muerta

Quirno enmarcó la medida en los anuncios realizados por Javier Milei en cadena nacional. "La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina", señaló.

El canciller sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta modificó el poder de presión de esa normativa. "Cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir", afirmó.

La estrategia oficial apunta ahora a modificar ese cálculo. "Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios", dijo.

En una entrevista con Radio Mitre, Quirno precisó que la disyuntiva también alcanza a compañías que podrían trabajar simultáneamente en Vaca Muerta y en proyectos vinculados con las islas. Consultado sobre si deberían elegir entre uno u otro mercado, respondió: "Correcto".

El Gobierno puso bajo la lupa a 180 compañías

Quirno explicó que el decreto reglamentario de la Ley 26.659 busca acelerar los procedimientos sancionatorios y ampliar su alcance sobre la cadena de empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos.

"Las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera", enumeró. Según el canciller, se trata de "todo un universo de hoy 180 compañías".

"Ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado", afirmó.

El funcionario indicó además que las comunicaciones alcanzan a empresas de 29 países. Una parte corresponde a firmas israelíes vinculadas con el proyecto Sea Lion, aunque aseguró que la medida no afectará la relación bilateral con Israel.

"No perjudica la relación argentino-israelí en lo más mínimo. Nosotros hemos estado y estamos constantemente en comunicación con Israel y con el canciller israelí", sostuvo.

El RIGI también queda alcanzado

El Gobierno prevé además enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659 y darle, según Quirno, "mayor amplitud sancionatoria".

La iniciativa también buscará crear un mecanismo que permita a las compañías salir del régimen de sanciones si abandonan sus actividades vinculadas con Malvinas.

"Hoy, cuando las sancionamos, quedaste encerrada, ya no tenés manera de volver al sistema normal", explicó. Para Quirno, esa situación puede quitar incentivos para que una empresa deje de operar en las islas.

"Estás sancionada, te saqué del sistema, no tenés ningún incentivo. Me quedé en Malvinas. Bueno, yo me quedé en Malvinas porque me sancionaste", ejemplificó.

El decreto reglamentario incorpora además una exigencia específica para quienes aspiren a ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las empresas deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que no incumplen ni incumplirán la Ley 26.659.

Sea Lion, en el centro de la disputa

El principal foco de la ofensiva argentina es Sea Lion, el proyecto petrolero offshore impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

Navitas posee el 65% del emprendimiento y Rockhopper el 35%. Las compañías anunciaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa del proyecto, con una inversión prevista de USD 1.800 millones y el inicio de la producción proyectado para 2028.

Quirno sostuvo que el objetivo del Gobierno es impedir que avance la explotación. "Nuestra intención es no permitir justamente la explotación de hidrocarburos en las Malvinas", afirmó.

El canciller justificó la posición argentina en la prohibición de adoptar decisiones unilaterales mientras permanezca pendiente la disputa de soberanía y calificó las licencias concedidas para el proyecto como "absolutamente ilegales".

Rockhopper y Navitas rechazaron esa interpretación. En un comunicado conjunto, aseguraron que las licencias fueron "legalmente otorgadas" y sostuvieron que las medidas anunciadas por la Argentina no deberían tener efectos materiales sobre el desarrollo de Sea Lion ni modificar su calendario.

Las acciones de Rockhopper y Navitas cayeron

La tensión tuvo además impacto bursátil. Las acciones de Rockhopper llegaron a caer alrededor de 10% al inicio de la rueda en Londres y luego moderaron el retroceso, mientras que los papeles de Navitas perdieron más de 2% en Tel Aviv.

Quirno vinculó esas bajas con las medidas argentinas. "Ya empezamos a ver justamente el impacto que ha tenido hoy (...) en la valorización de las acciones de estas compañías", sostuvo durante su exposición ante el IAEF.

El canciller definió la estrategia como un ejercicio de "diplomacia ejecutiva y diplomacia económica" y afirmó que busca combinar herramientas diplomáticas, legales, económicas y financieras.

"Estas no son medidas a la marchanta y medidas para cubrir un tema que es muy caro al corazón nuestro. Estas son una estrategia absolutamente integrada, coordinada, para que tenga el mayor impacto posible", afirmó.

La base naval y la presión regional

Quirno también vinculó la estrategia con la decisión del Gobierno de destinar recursos a la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.

"Hoy nos compramos el espacio fiscal para tomar la decisión de poner recursos directamente en una base naval estratégica en Tierra del Fuego", sostuvo. Según explicó, el proyecto busca reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, la logística antártica y la custodia del Mar Argentino.

El canciller agregó que la Argentina mantiene conversaciones con otros países de la región para desalentar la asistencia logística a actividades de hidrocarburos y pesca vinculadas con las islas.

En ese marco, mencionó las conversaciones recientes con Chile y sostuvo que existe una coincidencia inicial con el planteo argentino para que esos servicios no faciliten actividades que Buenos Aires considera contrarias a sus derechos sobre Malvinas.

El alcalde de Punta Arenas, sin embargo, impulsa una ruta comercial con Malvinas, con la que busca abastecer al archipiélago desde el sur chileno.