El Reino Unido respondió este miércoles al procedimiento arbitral iniciado por Argentina por el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas y elevó el tono de la disputa: además de defender la explotación de hidrocarburos, advirtió que la ofensiva argentina "plantea interrogantes" sobre la confiabilidad del país como socio de Londres. 

La reacción llegó dos días después de que el Gobierno de Javier Milei instruyera a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a iniciar el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). 

Según el comunicado oficial del 28 de septiembre, el objetivo es impedir la explotación de Sea Lion y evitar nuevas medidas que puedan agravar la disputa, entre ellas el otorgamiento de otros permisos sobre los recursos naturales de la zona.

Reino Unido respondió al planteo por Sea Lion

La posición británica fue difundida por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado, en una declaración publicada en su cuenta de X. "Las Falkland Islands son británicas. Siempre defenderemos el derecho de los isleños a la autodeterminación", escribió al presentar el documento.

En el texto, Kumaran calificó la decisión argentina de recurrir al arbitraje como "el último intento de socavar los derechos y los medios de vida" de los "Falkland Islanders", como denomina el Gobierno británico a los isleños. También sostuvo que eligieron "libre y democráticamente su futuro" y tienen derecho a desarrollar y administrar sus recursos naturales "sin intimidación, coerción o interferencia de terceros". 

La funcionaria defendió además específicamente la actividad petrolera. Según la posición de Londres, la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de las islas está regulada por la legislación isleña y cumple con el derecho internacional, incluida la propia CONVEMAR. 

La postura choca con la del Gobierno argentino, que considera ilegítima la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion por realizarse sin autorización de la República Argentina. 

La Cancillería ya había rechazado durante septiembre las actividades de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y anunció medidas contra empresas vinculadas con el proyecto. 

Una advertencia sobre la relación bilateral

La escalada también tuvo un capítulo diplomático. Londres convocó a la embajadora argentina Mariana Plaza para entregarle una nota, según informó Clarín. Kumaran confirmó, por su parte, que el Gobierno británico transmitió esta semana a la representante argentina su rechazo a los intentos de obstaculizar la actividad económica en las islas.

Según la declaración, esos intentos no constituyen "actos de un compromiso internacional responsable", sino acciones deliberadas contra "la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado".

Después llegó la frase de mayor alcance político. "Tal comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido", sostuvo la funcionaria. Londres, agregó, continuará respaldando al gobierno isleño y defenderá "sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro". 

Londres, agregó, continuará respaldando al gobierno isleño y defenderá "sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro". 

El cruce vuelve a colocar en el centro una de las diferencias fundamentales entre las posiciones de ambos países. Londres invoca el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas. 

Milei sostuvo, en cambio, el 3 de septiembre que se trata de una "población implantada en un territorio usurpado" y que, por esa razón, no tiene un derecho legítimo a la autodeterminación. 

El Presidente reiteró ese argumento el 23 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU. Allí afirmó que el principio de libre determinación no resulta aplicable porque se trata, según la posición argentina, de "una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa". 

La ofensiva argentina por Sea Lion

El nuevo capítulo comenzó el 28 de septiembre, cuando el Gobierno dispuso iniciar el procedimiento de arbitraje previsto por la CONVEMAR contra el Reino Unido. 

La medida apunta al desarrollo de Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, y también a cualquier nuevo permiso que Buenos Aires considere susceptible de agravar la controversia. El paso se inscribe en una ofensiva que el Gobierno profundizó durante septiembre. 

La Cancillería rechazó una guía británica destinada a promover negocios con las islas, avanzó contra actividades vinculadas con Rockhopper y Navitas y sostuvo que la explotación de Sea Lion se desarrolla sin autorización de la autoridad argentina competente. 

La respuesta de Kumaran lleva ahora la controversia más allá de la explotación petrolera: Londres vinculó directamente el procedimiento argentino con el estado de la relación bilateral y puso en cuestión la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido.