El presidente Javier Milei denunció una presunta operación de desinformación atribuida a una red rusa y anticipó que el Gobierno avanzará con medidas judiciales para identificar a los responsables.

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó el mandatario, quien calificó el caso como "una gravedad institucional pocas veces vista" y sostuvo que los documentos difundidos muestran "la punta del iceberg" de una estructura más amplia.

Según informes de un consorcio internacional de periodistas, una organización denominada "La Compañía" habría desplegado entre abril y octubre de 2024 una campaña orientada a desacreditar al Gobierno argentino. Los documentos mencionan un presupuesto cercano a los 283.000 dólares destinado a financiar más de 250 artículos críticos en medios digitales, además de acciones en redes sociales.

Los registros analizados incluyen publicaciones con firmas inexistentes, autores ficticios y contenido presuntamente generado con herramientas digitales. También señalan que los mensajes apuntaban contra el programa económico, el impacto social de las medidas y el alineamiento internacional del país con Ucrania.

El Ejecutivo estructuró su respuesta en tres ejes: la investigación judicial, el refuerzo de los mecanismos de inteligencia y el seguimiento diplomático. La Secretaría de Inteligencia del Estado había advertido en 2025 sobre la detección de una red de agentes extranjeros y dio intervención a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal.

En paralelo, el Gobierno busca identificar posibles intermediarios locales, circuitos de financiamiento y mecanismos de difusión que amplificaron los contenidos. En el oficialismo sostienen que la operación buscó erosionar la imagen del Ejecutivo en un contexto de definiciones en política exterior.

La controversia escaló al plano diplomático luego de que la Embajada de la Federación de Rusia en la República Argentina rechazara las acusaciones. La delegación calificó las denuncias como "infundadas" y negó cualquier participación en campañas de desinformación.

El caso también generó repercusiones en el ámbito periodístico. Medios mencionados en los documentos negaron haber recibido financiamiento o participar en acciones coordinadas, aunque algunos reconocieron que los contenidos cuestionados llegaron a través de intermediarios. El Foro de Periodismo Argentino había advertido previamente sobre este tipo de maniobras vinculadas a actores internacionales.

Mientras la investigación avanza, el Gobierno mantiene la decisión de impulsar la causa en sede judicial y evaluar posibles consecuencias institucionales si se comprueba la injerencia extranjera.