Un acuerdo confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis quedó bajo la lupa judicial y parlamentaria luego de conocerse que fue rubricado apenas días antes del lanzamiento del token $LIBRA, cuyo posterior desplome derivó en un escándalo con impacto político y financiero.

El documento establece un vínculo directo entre el jefe de Estado y el cofundador de la firma Kelsier, en un contexto que hoy es investigado por la Justicia y por una comisión del Congreso.

Un acuerdo reservado y sin remuneración

Según el texto, Davis se comprometió a brindar asesoramiento ad honorem al Estado argentino en materia de blockchain, contratos inteligentes e inteligencia artificial, sin percibir honorarios ni compensaciones económicas.

El empresario renunció de forma expresa a cualquier tipo de retribución y aceptó una cláusula estricta de confidencialidad, que le impedía divulgar información vinculada al acuerdo salvo requerimiento legal. El convenio también dejaba abierta la posibilidad de futuras negociaciones y de ampliar el asesoramiento a otras áreas vinculadas a su especialidad.

Blockchain, digitalización y capacitación estatal

Entre los servicios detallados en el acuerdo figuran la automatización de procesos administrativos mediante contratos inteligentes, la digitalización segura de documentos públicos -como títulos de propiedad y certificados- y el impulso de ecosistemas de innovación digital orientados a startups tecnológicas locales.

Además, el documento incluía programas de capacitación para funcionarios públicos en el uso de estas tecnologías, con el objetivo declarado de modernizar la gestión estatal y alinear a la Argentina con tendencias globales de descentralización.

La antesala del lanzamiento de $LIBRA

La firma del convenio se produjo durante una visita relámpago de Davis a Buenos Aires, que incluyó una reunión en la Casa Rosada. Pocos días después se lanzó el token $LIBRA, que fue impulsado inicialmente por un mensaje del propio Milei en redes sociales, luego eliminado.

El activo digital colapsó en cuestión de horas, generó fuertes pérdidas entre los inversores y desató una investigación judicial que hoy intenta reconstruir el entramado de relaciones entre el Ejecutivo y los impulsores del proyecto cripto.

Transferencias sospechosas y pagos bajo la lupa

En el marco de la causa, los investigadores detectaron movimientos financieros millonarios vinculados a billeteras atribuidas a Davis. Parte de esos fondos -más de un millón de dólares en criptomonedas- habrían sido enviados a intermediarios argentinos, que luego derivaron el dinero a una presunta "cueva cripto".

La comisión del Congreso también identificó transferencias periódicas que coincidirían con pagos a personas cercanas al proyecto $LIBRA y cuestionó la falta de transparencia en la adopción de tecnologías digitales por parte del Gobierno.

Una investigación en curso

El escándalo estalló públicamente el 14 de febrero, tras el derrumbe del token, y desde entonces se profundizan las pesquisas para determinar si existieron irregularidades, conflictos de interés o acuerdos paralelos entre funcionarios del Ejecutivo y actores del mundo cripto.

La investigación busca ahora establecer el alcance real del acuerdo confidencial, el rol de Davis en el proyecto y si la relación con el Gobierno tuvo incidencia directa en el lanzamiento y la promoción de $LIBRA.