La sanción del proyecto de "Compromiso y Estabilidad Fiscal y Monetaria" atraviesa un escenario incierto en la Cámara de Diputados y corre riesgo de no avanzar en el corto plazo. Según confiaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, las objeciones de bloques opositores y las dudas expresadas incluso por aliados del oficialismo ponen en jaque el tratamiento de la iniciativa.

La propuesta, que ya obtuvo dictamen de comisión, establece límites estrictos al gasto público al impedir la sanción de leyes sin financiamiento asegurado y prevé sanciones penales de hasta seis años de prisión para los funcionarios que incumplan esas disposiciones.

Rechazo opositor y reparos aliados

El proyecto fue rechazado de plano por Unión por la Patria, la izquierda y el interbloque Provincias Unidas. Sin embargo, el dato que más preocupa al oficialismo es la resistencia que comenzó a manifestarse dentro de bloques aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical.

En este contexto, fuentes parlamentarias señalaron que existe una alta probabilidad de que la iniciativa no logre quórum, ya que figura al final del temario de la sesión, o que un grupo de legisladores impulse su regreso a comisión para un nuevo análisis.

Las advertencias desde la UCR

Desde el radicalismo, el diputado Lisandro Nieri reconoció la necesidad de avanzar hacia un marco de orden fiscal y monetario, pero pidió mayor debate. "Hay un convencimiento de un orden monetario y fiscal. Está claro que eso debemos dejarlo escrito, y eso es lo que procura la Ley de Compromiso Fiscal y Monetario", sostuvo.

No obstante, advirtió que el texto requiere un tratamiento más profundo. "Esa ley es importante, pero aspiro a que nos demos un tiempo de trabajo más importante en este caso", remarcó.

Cuestionamientos por constitucionalidad

Otra de las voces críticas dentro de los aliados fue la de la diputada Karina Banfi, quien cuestionó duramente el contenido del proyecto. Según planteó, la iniciativa "no respeta los principios básicos de la división de poderes", al delegar atribuciones propias del Congreso en el Poder Ejecutivo y crear tipos penales que, a su entender, "no resisten el análisis de constitucionalidad".

En la misma línea, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que el proyecto también sea girado a la comisión de Legislación Penal, dado que introduce modificaciones de hecho al Código Penal al establecer sanciones de prisión.

Los puntos centrales de la iniciativa

El proyecto establece como principio rector la prohibición de sancionar un presupuesto general con resultado financiero deficitario. Además, faculta al jefe de Gabinete a adoptar medidas de ajuste durante la ejecución presupuestaria si se verifica una caída de los recursos o un aumento del gasto que ponga en riesgo el equilibrio fiscal.

En ese marco, se dispone que cualquier ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto solo podrá entrar en vigencia una vez que las partidas correspondientes sean incorporadas en la ley de presupuesto del ejercicio siguiente, salvo que se garantice un financiamiento concreto, específico y suficiente sin afectar el equilibrio fiscal.

Sanciones y nulidades

Uno de los aspectos más controvertidos del texto es el régimen de sanciones. La iniciativa prevé penas de entre uno y seis años de prisión para los funcionarios que violen las normas establecidas en la ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Asimismo, se establece que toda norma dictada en violación a las disposiciones de esta ley será declarada nula, y que todos los proyectos deberán contar, antes de su tratamiento en comisión, con un informe de impacto presupuestario de mediano plazo elaborado por el Ministerio de Economía o por la Oficina de Presupuesto del Congreso, según el origen de la iniciativa.

Con este escenario de resistencias y falta de consensos, el futuro inmediato del proyecto aparece abierto y su sanción, al menos por ahora, lejos de estar garantizada.