El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida apunta a profundizar el análisis sobre su situación patrimonial y financiera.

El requerimiento busca habilitar el acceso a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y eventuales vinculaciones con billeteras virtuales. También incluye datos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para verificar ingresos, bienes y movimientos registrados durante el período bajo análisis. 

La fiscalía avanzó también con operativos en sucursales de la inmobiliaria que intervino en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y convocó a declarar a testigos vinculados a la operación, entre ellos Pablo Martín Feijoo, señalado como la persona que realizó la reserva del inmueble, quien deberá presentarse con su teléfono celular.

El foco en la compra del departamento

La causa se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como eje la compra del departamento, concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de USD 230 mil.

Según consta en el expediente, la operación incluyó una hipoteca por USD 200 mil otorgada por las propias vendedoras del inmueble, sin interés y con un plazo de devolución de un año. La escribana interviniente, Adriana Mónica Nechevenko, afirmó que "no hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo" y sostuvo que se trató de "una operación normal".

Hoy, la escribana de Adorni volvió a Comodoro Py para ampliar su declaración y aseguró que "la Justicia está haciendo su trabajo".

La fiscalía mantiene bajo análisis la estructura financiera utilizada, en particular la ausencia de intereses en la financiación, y busca determinar si existen elementos que permitan explicar la operatoria dentro del patrimonio del funcionario.

El origen de la causa

La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni. Según ese planteo, el patrimonio del funcionario habría registrado un incremento significativo en un período fiscal, junto con posibles omisiones en la información presentada.