El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente a la Unidad de Información Financiera (UIF) la apertura de un expediente de inteligencia para investigar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti.

El pedido, dirigido al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, exige auditar el origen de los bienes del funcionario ante la posible existencia de fondos no justificados. La presentación judicial persigue que, en caso de detectar irregularidades, el organismo formule una denuncia penal por presunto lavado de activos.

La solicitud del CIPCE se basa en la reciente presentación de la declaración jurada de Adorni correspondiente al período 2025. El documento bajo análisis detalla la adquisición de una casa en el barrio privado Indio Cuá en noviembre de 2024 y de un departamento en Caballito en el mismo mes de 2025, ambas operaciones realizadas durante el ejercicio de la función pública.

El director ejecutivo de CIPCE, Pedro Biscay, fundamentó el requerimiento en una serie de inconsistencias financieras detectadas. El escrito enumera la tenencia de altas sumas de dinero en efectivo, el uso de vuelos privados compartidos con contratistas estatales y la realización de transacciones crediticias extraoficiales con personas sin capacidad económica declarada.

La presentación incorpora testimonios de la Justicia federal que señalan que al menos una de las compras inmobiliarias se habría escriturado por un valor inferior al real para simular los montos de la operación.

La base del reclamo sumó como elemento probatorio las propias declaraciones televisivas del vocero presidencial en la señal LN+. En esa entrevista, el funcionario admitió haber omitido por error en sus balances de 2023 y 2024 que los ahorros de su familia, estimados en 500.000 dólares, se originaron de manera informal. "Ahorramos en negro como todos los argentinos", argumentó Adorni en dicha oportunidad.

La organización especializada en delitos económicos advirtió que la adhesión del funcionario al régimen simplificado de Ganancias de la ley de "Inocencia Fiscal" no anula las facultades de la UIF. La normativa vigente exige una debida diligencia reforzada para las Personas Políticamente Expuestas (PEP) debido al riesgo de corrupción.

El requerimiento del CIPCE presiona a la UIF a cruzar datos de forma urgente con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el sistema bancario. Esta fiscalización coincide con el período de seguimiento reforzado que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aplica sobre la Argentina para evaluar los niveles de detección del lavado de dinero en el Estado.