La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) restablecerá a partir del 1 de agosto la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, con un haber bruto mensual de $15.683.154,06. El organismo cumplirá así una medida cautelar dictada por la Justicia previsional, aunque aplicará una retención del 20%, excluirá el adicional por zona austral y mantendrá su apelación ante la Corte Suprema.

El beneficio que será restituido no corresponde a la asignación que la exmandataria recibía por haber ejercido la Presidencia, sino a la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner. La cautelar ordenó recuperar provisoriamente solo una de las dos prestaciones especiales que la ANSES había dado de baja a finales de 2024.

"El haber mensual bruto correspondiente a dicho beneficio ascenderá a la fecha de alta a la suma de $15.683.154,06, de la que se deducirán los correspondientes descuentos de ley", indicó el organismo en la presentación remitida al juzgado. Entre esas deducciones figuran la obra social y, si corresponde, el impuesto a las Ganancias.

Un descuento mensual superior a los $3,1 millones

Además de las retenciones legales, la ANSES descontará todos los meses $3.136.630,81, equivalentes al 20% del haber bruto, para recuperar los fondos que, según el organismo, Cristina Kirchner percibió de manera indebida mientras el beneficio permaneció vigente.

La quita continuará hasta completar $660.052.338,87. Antes de los descuentos por obra social y Ganancias, la prestación quedará reducida así a poco más de $12,5 millones mensuales.

"Sin perjuicio del recurso de queja deducido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vengo a manifestar que, dando cumplimiento a la medida cautelar decretada en autos, mi representada procederá en el mensual agosto de 2026 al restablecimiento del beneficio que había sido dado de baja", informó la abogada de la ANSES.

El organismo cumplirá de ese modo la resolución de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que habilitó el pago provisorio mientras continúa el juicio sobre la legalidad de la suspensión de la prestación.

Por qué no cobrará el adicional por zona austral

La liquidación tampoco incluirá el adicional por zona austral que Cristina Kirchner había percibido anteriormente. La Anses argumentó que la exmandataria cumple su condena bajo arresto domiciliario en San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, y que por esa razón no reúne las condiciones para cobrar ese suplemento.

Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad. La condena también incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La disputa por las pensiones de privilegio

La controversia comenzó en noviembre de 2024, después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena contra Cristina Kirchner. El Gobierno de Javier Milei resolvió entonces dar de baja las dos asignaciones previstas por la Ley 24.018 que cobraba la exmandataria.

Una correspondía a su condición de expresidenta y la otra era la pensión derivada de Néstor Kirchner. En el último mes en que cobró ambos beneficios, los ingresos superaron los $35 millones brutos y se aproximaron a los $22 millones netos.

La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restablecer de manera cautelar la pensión derivada del fallecimiento del expresidente. Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini tuvieron en cuenta el carácter alimentario de la prestación y aceptaron como garantía una caución juratoria presentada por Cristina Kirchner, quien se comprometió a devolver el dinero si la resolución definitiva favorece a la Anses.

El organismo objetó esa garantía. Sostuvo que la restitución no debía disponerse sin un respaldo patrimonial suficiente para recuperar los fondos en caso de una sentencia favorable al Estado.

El planteo que deberá resolver la Corte

El Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Anses, presentó el 6 de mayo un recurso de queja ante la Corte Suprema para dejar sin efecto la cautelar. El Gobierno argumentó que una persona condenada por delitos contra la administración pública no debe acceder a las prestaciones excepcionales previstas para expresidentes y sus derechohabientes.

El procurador general interino, Eduardo Casal, también se pronunció contra la decisión de la Cámara. En un dictamen no vinculante, sostuvo que la Corte debería revocar la medida y analizar el efecto de la condena penal sobre el cobro de prestaciones previsionales.

Hasta que el máximo tribunal resuelva el planteo, la Anses deberá cumplir la orden vigente y restablecer el pago correspondiente a agosto. El juicio principal, mientras tanto, continuará abierto para determinar si fue válida la decisión administrativa que suspendió la pensión.