Presentaron una cautelar para suspender la derogaci髇 de la Ley de Tierras tras el fallo de la Corte
Los diputados de Encuentro Federal recurrieron a la Justicia para frenar la venta de campos a extranjeros sin l韒ite ni control hasta que el Congreso trate el decreto.
Tras la reciente decisi髇 de la Corte Suprema de Justicia de la Naci髇 que dej sin efecto la medida de protecci髇 colectiva que frenaba la aplicaci髇 del DNU 70/2023, los diputados nacionales Miguel 羘gel Pichetto y Nicol醩 Massot acudieron a la Justicia Federal para presentar una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo Nacional.
El objetivo central del planteo es lograr la suspensi髇 inmediata de los efectos del art韈ulo 154 del mega decreto dictado por Javier Milei, el cual derog la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737).
La presentaci髇 recay en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N 1 de la Capital Federal, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira.
La acci髇 judicial de los legisladores busca actuar como un resguardo de urgencia previo a la sesi髇 especial en la C醡ara de Diputados, convocada por bloques opositores para el pr髕imo 15 de octubre con la meta de rechazar de manera definitiva el DNU 70.
El peligro de la consolidaci髇 de derechos adquiridos
El nudo central de la cautelar radicada por los referentes de Encuentro Federal apunta al riesgo de que, ante la falta de regulaci髇, se perfeccionen compras de inmuebles rurales por parte de personas o firmas extranjeras que luego resulten irreversibles por la protecci髇 constitucional de la propiedad privada y la vigencia del art韈ulo 24 de la Ley 26.122 (que resguarda los derechos adquiridos durante la vigencia de un DNU aun si el Congreso lo rechaza posteriormente).
"No podemos permitir que, mientras el Congreso se prepara para decidir, se consoliden operaciones que despu閟 sean imposibles de revertir. Lo que se pierda en estas dos semanas puede no recuperarse aunque el Congreso restablezca los l韒ites", sostuvo Massot.
En esa misma l韓ea, Pichetto advirti que con el escenario judicial actual "pueden comprarse sin l韒ite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribere駉s de cuerpos de agua de envergadura y permanentes".
Ante este panorama, la demanda solicita la suspensi髇 de la derogaci髇 de la norma y, de manera subsidiaria, requiere medidas de conservaci髇: que el Ministerio de Justicia mantenga la base de datos del Registro Nacional de Tierras Rurales y que se emita un aviso en el Bolet韓 Oficial informando a los potenciales compradores que la validez del art韈ulo 154 del DNU se encuentra bajo revisi髇 judicial.
El antecedente del fallo del M醲imo Tribunal
La reacci髇 parlamentaria y judicial se desencaden luego de que la Corte Suprema rechazara la demanda que manten韆 suspendido el art韈ulo 154. La causa original hab韆 sido iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, logrando en marzo de 2024 un fallo favorable de la C醡ara Federal platense que declar inconstitucional la eliminaci髇 de la Ley de Tierras.
Sin embargo, el pasado 29 de septiembre, el M醲imo Tribunal revoc esa resoluci髇 alegando exclusivamente cuestiones procesales: determin que el CECIM carec韆 de "legitimaci髇 activa" para representar el reclamo.
La Corte aclar en su pronunciamiento que no emiti opini髇 sobre el fondo del asunto -es decir, sobre la constitucionalidad o invalidez del decreto-, pero al caer la cautelar, la derogaci髇 de la norma volvi a surtir plenos efectos legales de forma autom醫ica.
El tablero pol韙ico ante la sesi髇 del 15 de octubre
El frente judicial corre en simult醤eo con las negociaciones en la C醡ara de Baja. La sesi髇 especial del 15 de octubre fue solicitada por un abanico opositor que incluye a Germ醤 Mart韓ez (Uni髇 por la Patria), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Mart韓 Lousteau (Provincias Unidas), Myriam Bregman (FIT), M髇ica Frade (Coalici髇 C韛ica) y Natalia de la Sota (Defendamos C髍doba), entre otros.
El desaf韔 de la oposici髇 ser alcanzar el qu髍um de 129 diputados para abrir el recinto, sobre un piso preliminar de 122 bancas garantizadas. Para llegar al n鷐ero clave, la oposici髇 negocia adhesiones con los bloques vinculados a los gobernadores provinciales, como Argentina Federal y Provincias Unidas, en un escenario donde el Senado ya vot el rechazo al decreto en marzo de 2024 y un voto negativo de la C醡ara de Diputados significar韆 la derogaci髇 definitiva del DNU 70/2023.
Qu establec韆 la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737)
Sancionada en diciembre de 2011, la norma fijaba un marco de orden p鷅lico para evitar la extranjerizaci髇 de los recursos naturales escasos.
Cupo general: Limitaba al 15% el total de tierras rurales que pod韆n estar en manos de titulares extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal.
Tope por nacionalidad: Imped韆 que personas de una misma nacionalidad poseyeran m醩 del 30% del cupo extranjero disponible.
L韒ite de superficie: Establec韆 un m醲imo de 1.000 hect醨eas por titular extranjero en la zona n鷆leo productiva (o su equivalente seg鷑 la regi髇 geogr醘ica).
Recursos h韉ricos: Prohib韆 de forma expl韈ita que extranjeros fueran propietarios de tierras que contuvieran o fueran ribere馻s de cuerpos de agua de envergadura y permanentes (lagos, r韔s, lagunas) o ubicadas en zonas de frontera.