Presupuesto 2026: dictamen del oficialismo reavivó el conflicto por universidades y discapacidad

La Comisión de Presupuesto firmó dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 con apoyo de aliados y gobernadores. El texto deroga el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

El Gobierno logró imponer su dictamen del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y dejó el proyecto en condiciones de ser tratado mañana en el recinto, en una sesión ya convocada por el oficialismo. La Libertad Avanza reunió las firmas necesarias con el acompañamiento —en disidencia parcial— de bloques aliados y el respaldo de gobernadores provinciales.

El dictamen de mayoría incorporó a último momento un cambio sustancial: la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, dos normas que habían sido vetadas por el presidente Javier Milei y luego insistidas por el Congreso con mayorías agravadas.

Un dictamen con apoyos y disidencias

El despacho oficial reunió 28 firmas, seis de ellas en disidencia, y fue respaldado por La Libertad Avanza, Pro, la UCR, el MID, Innovación Federal —donde están representados los gobernadores de Salta y Misiones—, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia. En paralelo, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, mientras que el interbloque Provincias Unidas impulsó una tercera propuesta con tres rúbricas.

Dentro de Pro, la disidencia parcial incluyó un reclamo puntual por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño exige el pago de $274.000 millones y que el Presupuesto incorpore una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, en línea con un fallo favorable de la Corte Suprema.

La comisión estuvo presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, mientras que el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto al sostener que el Presupuesto garantiza el equilibrio fiscal y permite “dar previsibilidad sobre qué se va a gastar, cómo y con qué recursos”.

El artículo que reavivó el conflicto

La principal controversia se concentró en la incorporación del artículo 75, que dispone la derogación de las leyes 27.793 (emergencia en discapacidad) y 27.795 (financiamiento universitario). Ambas normas habían sido suspendidas por el Poder Ejecutivo al momento de su promulgación, una decisión que ya había generado un fuerte rechazo parlamentario y que ahora volvió a tensar el debate en la comisión.

Salvo Pro y algunos sectores de la UCR, la mayoría de los espacios que acompañaron el dictamen oficial habían votado e insistido previamente esas leyes. Esa tensión quedó reflejada en las disidencias parciales y podría volver a emerger en la votación en particular en el recinto.

Desde la oposición no peronista, el diputado Nicolás Massot cuestionó el esquema del Presupuesto al contrastar las prioridades del proyecto. “Hay plata para que la compraventa de inmuebles no tribute más impuestos, pero no hay para la discapacidad”, señaló durante el debate, antes de presentar el dictamen alternativo de Provincias Unidas.

El contexto político con las provincias

En ese contexto parlamentario, la Casa Rosada avanzó con el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el envío de la reforma de la Ley de Glaciares, reclamada por provincias cordilleranas para habilitar inversiones mineras.

Los giros de ATN alcanzaron los $43.000 millones y beneficiaron a Tucumán, Misiones y Chaco, en una secuencia que coincidió con la definición del dictamen de mayoría en la comisión.

La propuesta alternativa de Unión por la Patria

El dictamen de minoría de Unión por la Patria fue presentado por su jefe de bloque, Germán Martínez. La iniciativa propone restituir el financiamiento universitario, garantizar la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y sostener los fondos para la emergencia pediátrica.

El proyecto opositor también contempla la continuidad del régimen de zona fría para el gas, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de haberes jubilatorios afectados por el cambio de fórmula previsional y la actualización del bono previsional.

Además, incluye la recuperación del Fondo de Incentivo Docente, la garantía de paritarias docentes y no docentes, un fortalecimiento del sistema de becas, partidas para obras de infraestructura, una mayor participación provincial en el impuesto a los combustibles líquidos, una distribución más previsible de los ATN y financiamiento para el ENARD.

Las proyecciones macro del Presupuesto

El proyecto oficial prevé para 2026 un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre del próximo año. También proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%.

Estas estimaciones difieren de las del Fondo Monetario Internacional, que proyecta para la Argentina un crecimiento del 4% y una inflación del 16,4% en 2026.

Otros artículos clave

El dictamen incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil y a su comercialización en el mercado interno durante 2026, con el objetivo de compensar picos de demanda que no puedan ser cubiertos por la producción local.

El texto mantiene, además, la derogación de las metas de financiamiento mínimo para educación, ciencia y defensa, flexibiliza la obligación del Estado de compensar a las distribuidoras de energía y prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable.

Con los dictámenes firmados, el oficialismo llega al recinto con los números necesarios para buscar la media sanción del Presupuesto 2026, en una sesión que promete reactivar las tensiones políticas y fiscales dentro del Congreso.

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