La protesta de efectivos de la Policía de Santa Fe por aumentos salariales y mejores condiciones laborales abrió una negociación directa con el Gobierno provincial tras dos días de tensión en Rosario y otras ciudades. Las autoridades anunciaron el levantamiento de sanciones administrativas y una recomposición de ingresos para los agentes de menor jerarquía.

Las manifestaciones comenzaron el lunes por la noche frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en avenida Ovidio Lagos al 5200, y se extendieron con sirenazos, cortes de calle y quema de neumáticos. Los uniformados reclamaron una mejora del salario básico, condiciones laborales más favorables y medidas vinculadas a la salud mental del personal.

En ese marco, el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, fue agredido y escupido frente a la sede cuando intentaba dialogar con los manifestantes. El episodio se produjo en medio de empujones y tensión en la puerta del edificio.

Sanciones sin efecto y llamado al servicio

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, confirmó que los efectivos pasados a disponibilidad por las protestas "van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados". Además, sostuvo que las autoridades "en ningún momento se negaron a dialogar" y afirmó que "entendemos el fondo del reclamo".

El funcionario instó al personal a que "deponga su actitud, pase por jefatura, retire su arma reglamentaria y vuelva a reintegrarse al servicio de manera inmediata". También aseguró que, pese al conflicto, "la seguridad nunca fue descuidada en la provincia y la ciudad de Rosario".

Durante la madrugada del miércoles se realizó una reunión entre autoridades provinciales y representantes de los policías en conflicto, en la que se abordaron la situación disciplinaria y el esquema de recomposición salarial.

Ingresos cercanos a la canasta básica

El ministro de Economía, Pablo Andrés Olivares, anunció que "los policías y penitenciarios van a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo". La medida apunta al personal del escalafón de seguridad general y del servicio penitenciario, especialmente en las jerarquías más bajas, sin antigüedad ni adicionales.

En paralelo, el Gobierno informó el pago de un plus de $500.000 para quienes se desempeñan en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de patrulleros. Los efectivos señalaron que el reclamo central apunta a una actualización del salario básico y no a un bono extraordinario.

El conflicto colocó al gobierno de Maximiliano Pullaro en una situación política delicada, atravesada por el equilibrio entre concesiones y la persistencia de la protesta.

Salud mental y régimen de trabajo

Entre los puntos planteados por los uniformados figura la implementación de un tratamiento psicológico integral para el personal. El reclamo tomó fuerza tras la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien se suicidó la semana pasada en la puerta de la Jefatura.

Según datos de la Fiscalía de Rosario, durante el último año se registraron 17 suicidios de efectivos en la provincia. Muchos de los policías que patrullan Rosario y Santa Fe son oriundos del norte santafesino. El traslado desde Vera hasta Rosario demanda más de ocho horas de viaje y 501 kilómetros, lo que reduce las horas de descanso.

Cococcioni anunció que se buscará "fortalecer los programas de salud mental" y analizar posibles readecuaciones del régimen de 12 horas de trabajo por 36 de descanso, bajo el criterio de no afectar la seguridad pública. También adelantó que se evaluarán alternativas para mejorar el transporte del personal.

Con los móviles nuevamente en patrullaje y las sanciones administrativas sin efecto, la negociación continúa abierta, con el foco puesto en la definición de una mejora estructural del salario policial y en las condiciones laborales que detonaron la protesta.