La reforma laboral volvió a tensar la relación entre el oficialismo y sus aliados parlamentarios. Luego de la media sanción en el Senado, el proyecto ingresó en la Cámara de Diputados con cuestionamientos a los cambios incorporados sobre el régimen de licencias por enfermedad, uno de los puntos que ahora amenaza con alterar el cronograma que impulsa la Casa Rosada.

El oficialismo pretende convocar a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto el miércoles, con la intención de firmar dictamen y llevar la iniciativa al recinto en forma acelerada. La meta política es que la norma entre en vigencia en marzo.

El artículo que abrió el conflicto

El eje de la disputa se concentra en el artículo 44, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado en el Senado establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado con la tarea laboral que impida trabajar, el empleado percibirá el 50% de su salario. Si la imposibilidad no deriva de una conducta voluntaria y consciente del trabajador frente al riesgo, el pago será del 75%.

En ningún caso se prevé el cobro del 100% del sueldo, como ocurre en la normativa actual.

Un legislador opositor advirtió que la redacción puede generar más conflictos judiciales. "En lugar de resolver el tema de las licencias médicas va a generar mayor litigiosidad. A un paciente con cáncer le van a pagar el 50 por ciento de la remuneración básica, no le van a pagar adicionales ni comisiones. En ese caso, el trabajador va a reclamar y seguramente irá a juicio", sostuvo.

La modificación no figuraba en el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo y se incorporó durante el tratamiento en el Senado. Desde entonces se instaló una disputa sobre su origen: en el oficialismo niegan haber impulsado el cambio, mientras que senadores aliados sostienen que fue promovido en la negociación final.

Reparos de aliados clave

El PRO anticipó que pedirá revisar ese punto. En la UCR también surgieron objeciones y calificaron el cambio como "bastante ruidoso", mientras que el interbloque Provincias Unidas expresó preocupación por su impacto.

En paralelo, ese espacio cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) por la falta de precisiones sobre su funcionamiento y administración. Según lo acordado en el Senado, el aporte del 3% financiado por la ANSES se distribuiría en un 2,5% para las pymes y 1% para las grandes empresas, con la posibilidad de ampliarse hasta 3% y 1,5% respectivamente.

El PRO sumó otro reclamo: eliminar el artículo que habilita a las billeteras virtuales a pagar salarios. "No estamos para defender a los bancos ni para que el Estado le imponga al trabajador cómo cobrar su salario", señalaron desde ese bloque.

La defensa oficial y el apuro legislativo

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rechazó la posibilidad de introducir cambios y aceleró el trámite parlamentario con la intención de evitar que el proyecto vuelva al Senado.

Desde el Gobierno sostienen que la modificación en licencias resulta necesaria para limitar abusos. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió el criterio en declaraciones radiales: "Si te lastimaste jugando al fútbol, tomaste una acción activa y el empleador no tiene nada que ver; en ese caso es el 50%".

Ante las resistencias, en el oficialismo analizan alternativas reglamentarias para contemplar situaciones particulares, como enfermedades crónicas o terminales, sin modificar el texto legal.

Debate por la retroactividad y advertencias judiciales

Otro foco de discusión gira en torno al alcance temporal de la ley. El texto enviado a Diputados establece que las disposiciones entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, salvo disposición en contrario, una fórmula que generó interpretaciones diversas.

Sectores del peronismo y de Provincias Unidas reclamaron que se explicite que la norma no se aplicará de manera retroactiva a contratos laborales ya existentes.

En esos bloques advierten que, si la legislación alcanzara relaciones laborales previas, podría abrirse una instancia de judicialización para determinar su constitucionalidad. "Va a venir una ola de juicios porque el trabajador tiene derechos adquiridos en los términos que acordó al momento de iniciar la relación laboral", señalaron desde la oposición.

Un escenario abierto antes de la votación

El número del oficialismo en Diputados aparece menos holgado que en el Senado, aunque en la Casa Rosada confían en reunir los votos necesarios para la aprobación general del proyecto.

La agenda legislativa comenzará con el plenario de comisiones y el oficialismo evalúa adelantar la sesión para la próxima semana, con el objetivo de sancionar la reforma laboral antes del inicio del período ordinario del Congreso.