El Gobierno nacional definió su hoja de ruta legislativa para febrero con la reforma laboral como eje central de las sesiones extraordinarias. El proyecto será tratado el miércoles 11 de febrero en el Senado, en paralelo con el avance del Régimen Penal Juvenil en Diputados, en un escenario atravesado por negociaciones con gobernadores, advertencias sobre el impacto fiscal y un rechazo cada vez más visible de sindicatos y centrales obreras.

Aunque en la Casa Rosada aseguran que los votos para la aprobación general están garantizados con bloques dialoguistas, la discusión artículo por artículo, especialmente el que reduce el impuesto a las Ganancias para sociedades, mantiene en vilo la sanción definitiva.

Ganancias, el punto crítico de la negociación

El capítulo tributario es el principal escollo político. Los gobernadores advierten que la baja de Ganancias implicaría una pérdida cercana a 3 billones de pesos en coparticipación, mientras que el Ministerio de Economía sostiene que la reducción incentivará la formalización y, a mediano plazo, aumentará la recaudación.

En la mesa política del Gobierno conviven dos posturas: mantener el texto sin cambios o introducir un esquema gradual -postergar la aplicación, atarla al crecimiento o diferirla para 2028-. Sin embargo, por ahora prima la línea dura. "O se aprueba así como está, o no sale", repiten cerca del presidente Javier Milei, con Luis Caputo como figura clave de la definición final.

Estrategia oficial y calendario ajustado

La reforma laboral llega al Senado el 11 de febrero, pero su sanción completa en sesiones extraordinarias aparece como difícil. En Diputados, el reglamento obliga a dictaminar 10 días antes del cierre del período, lo que fija como fecha límite el miércoles 18 de febrero, justo después del feriado de Carnaval.

A esto se suma el tiempo administrativo que insume el envío de la media sanción desde el Senado, en un texto que podría sufrir modificaciones de último momento. Aun así, en el oficialismo confían en avanzar para exhibir capacidad de impulsar reformas estructurales ante los mercados antes del inicio de las sesiones ordinarias, el 1° de marzo.

Gobernadores: presión, repliegue y negociación

La presión de los mandatarios provinciales se desinfló tras la suspensión de la cumbre del Consejo Federal de Inversiones (CFI), leída en Balcarce 50 como una señal de acercamiento. El ministro del Interior, Diego Santilli, intensificó contactos bilaterales con gobernadores dialoguistas, mientras la Casa Rosada descarta coparticipar el impuesto al cheque y condiciona eventuales compensaciones al voto de los legisladores provinciales.

En el Gobierno creen que incluso gobernadores críticos como Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro terminarán acompañando, en especial en capítulos vinculados a minería y desarrollo productivo.

Rechazo sindical y plan de lucha

La iniciativa generó un rechazo transversal del movimiento obrero. La CTA y la CTA Autónoma confirmaron paros y movilizaciones en distintos puntos del país, mientras más de 35 gremios industriales, nucleados en la CSIRA, advirtieron que la reforma "facilita despidos, debilita sindicatos y limita el derecho de huelga".

Dirigentes como Hugo Yasky, Hugo "Cachorro" Godoy y Rodolfo Aguiar calificaron el proyecto como una regresión de derechos y anticiparon más medidas de fuerza durante el debate legislativo.

Críticas de fondo al contenido de la reforma

Informes técnicos, como el del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), advierten que la reforma implica un cambio de paradigma: individualización de condiciones laborales, recorte de indemnizaciones, flexibilización de jornadas, creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con recursos previsionales y mayores restricciones al derecho de huelga.

También alertan sobre una transferencia de recursos del trabajo al capital, la exclusión de trabajadores de plataformas digitales del régimen laboral y un impacto negativo sobre el sistema de seguridad social y las obras sociales sindicales.

La oposición y la amenaza de judicialización

Desde Unión por la Patria, el diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto alternativo de "contra reforma" que propone ampliar licencias, fortalecer el salario mínimo, regular el trabajo en plataformas y combatir la informalidad sin recortar derechos. El peronismo no descarta judicializar la reforma si es aprobada.