La decisión del Gobierno nacional de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada activó una reacción inmediata de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que calificó la medida como "intempestiva" y advirtió por su impacto directo sobre la libertad de expresión y el derecho a la información.

La restricción se aplicó este jueves, cuando trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad oficial no pudieron ingresar al edificio de Balcarce 50. Según informaron desde Presidencia, se retiraron del sistema las huellas dactilares que habilitan el acceso, en el marco de una decisión que, indicaron, responde a una investigación interna vinculada a un episodio de presunto espionaje ilegal.

La advertencia de ADEPA

En un comunicado difundido en las últimas horas, ADEPA sostuvo que la medida "no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina" y expresó su "máxima preocupación" por lo que considera una restricción generalizada al trabajo periodístico.

"El acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada, y que resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de Gobierno", señaló la entidad.

En esa línea, advirtió que la existencia de una investigación judicial en curso "no justifica la adopción de medidas de carácter general" ni puede derivar en restricciones colectivas que limiten el acceso a la información pública.

ADEPA remarcó que la decisión "impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático", y reclamó a las autoridades que revisen la medida "de manera urgente" y restablezcan las condiciones habituales de trabajo.

Reclamo del Círculo de Periodistas

El Círculo de Periodistas de Casa Rosada también cuestionó la medida y denunció que se aplicó "sin notificación previa". En una carta pública, sostuvo que el acceso al lugar de trabajo quedó "prohibido" por una decisión que calificó como discrecional.

"La decisión sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa, el ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía", señalaron.

La organización pidió una pronta resolución del conflicto y exigió el cese de las restricciones. Según indicaron, evalúan una presentación judicial en las próximas horas mientras se mantiene el bloqueo al ingreso de la prensa acreditada.

El origen de la medida

La decisión oficial se produjo después de la difusión de grabaciones realizadas en pasillos internos de la Casa Rosada, emitidas por el canal TN el domingo por la noche. Desde el Gobierno interpretaron ese episodio como una posible vulneración de la seguridad presidencial.

Voceros de Presidencia explicaron que la quita de las huellas dactilares se dispuso "de manera preventiva por el espionaje ilegal". En paralelo, la Casa Militar presentó una denuncia ante la Justicia federal, que quedó radicada en el juzgado a cargo de Ariel Lijo con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

Además, la Secretaría de Comunicación y Medios suspendió por tiempo indeterminado al periodista que realizó las grabaciones con dispositivos de registro oculto. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la autorización formal para filmar en esos sectores no fue otorgada.

En ese contexto, el presidente Javier Milei se refirió al episodio en su cuenta de X con mensajes de tono agraviantes dirigidos a los periodistas involucrados.

Semanas atrás, el Gobierno ya había suspendido por dos semanas el ingreso de medios vinculados a una investigación sobre una presunta red de espionaje rusa, aunque luego restituyó las acreditaciones al no detectar riesgos para la seguridad presidencial.

La restricción afecta a todos los periodistas acreditados y rige hasta nuevo aviso, aunque en la Casa Rosada reconocen que la situación podría normalizarse la próxima semana, según señalaron fuentes oficiales. La medida suspende la prórroga de las acreditaciones periodísticas para 2025 y supedita la reapertura del acceso al resultado de las averiguaciones internas en curso.