El gobierno de la provincia de Santa Fe recurrirá este martes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un intento por revertir el fallo del tribunal supremo provincial que declaró inconstitucional el tope a los haberes del sistema previsional público local, establecido mediante la reforma previsional aprobada en 2024. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso.

La presentación judicial busca sostener la vigencia del artículo 9 de la Ley Provincial 14.283, el cual fijó un techo de 20 haberes mínimos para las prestaciones. 

Con la jubilación mínima provincial ubicada en $630.907, los topes vigentes alcanzan hoy los $12.618.140 para las jubilaciones y $9.463.605 para las pensiones. 

Sin embargo, a partir del fallo judicial cuestionado, un grupo de beneficiarios -entre ellos exintegrantes del Poder Judicial- logró percibir haberes que exceden los $18 millones mensuales.

La controversia judicial y el fallo local

La contienda sumó su capítulo más crítico en la causa "Ramón, Elena Virginia Enriqueta contra Provincia de Santa Fe y otros", donde la Corte Suprema de Santa Fe confirmó la inconstitucionalidad declarada en segunda instancia sobre el tope y el mecanismo de congelamiento. La norma establecía que los haberes que al momento de la reforma superaran el umbral de los 20 mínimos no recibirían aumentos hasta tanto la prestación alcanzara dicho límite.

Los argumentos expuestos en el escrito judicial -cuestionados por funcionarios locales debido a que la medida beneficia directamente a los propios magistrados- señalaron que la disposición rompe la relación de proporcionalidad entre los ingresos de activos y pasivos, al no existir remuneraciones máximas para realizar aportes. Asimismo, sostuvieron que el congelamiento transitorio de los haberes que superan el techo vulnera el principio de movilidad jubilatoria garantizado por la doctrina constitucional.

Por su parte, Boasso defendió la legitimidad del límite al argumentar que constituye un "instrumento razonable para armonizar solidaridad, contributividad, suficiencia y sostenibilidad". La estrategia ante el máximo tribunal nacional buscará acreditar que la congelación temporal de los montos funciona como un "puente transitorio" razonable que preserva la viabilidad financiera del sistema solidario.

Brecha con el régimen nacional y el impacto de la emergencia

Los topes vigentes en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe exhiben una marcada distancia en comparación con el régimen nacional que administra la Anses. En el sistema federal, el haber máximo se ubica este mes en $2.824.694,49, al tiempo que las remuneraciones imponibles de los trabajadores activos sobre las que se efectúan aportes se calculan hasta un sueldo bruto topeado en $4.594.798,23.

La Caja provincial, que abarca a la administración central, docentes, policía, municipios, salud y el Poder Judicial, acumula más de 106.000 prestaciones activas con un haber promedio superior a los $2 millones. Para frenar el déficit de la entidad -una de las trece cajas provinciales no transferidas a la Nación en la década de 1990-, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro implementó descuentos por aportes solidarios sobre los haberes más altos.

Esta retención extraordinaria, fijada en el marco de la emergencia previsional por un plazo de dos años, no fue objetada por la Justicia provincial y dejará de aplicarse este mes por decisión del Ejecutivo local.