La Argentina redujo de manera sustancial su exposición judicial en el exterior tras el fallo favorable de la Corte de Apelaciones de Nueva York en el caso por la expropiación de YPF, que dejó sin efecto una condena de más de USD 16.100 millones. Ese expediente concentraba más de la mitad del monto total reclamado contra el país y funcionaba como el principal foco de riesgo contingente para las cuentas públicas.

El stock de demandas internacionales ascendía a más de USD 27.000 millones. Dentro de ese total, unos USD 16.000 millones -e incluso más si se consideran intereses- correspondían al litigio por YPF. Sin ese caso, el volumen en disputa se reduce de manera significativa, aunque el número de causas abiertas se mantiene prácticamente sin cambios.

La Argentina sigue enfrentando más de 230 litigios en tribunales y foros arbitrales del exterior.

Un frente que cambia de escala

La mayoría de esas causas se tramita ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal del Banco Mundial especializado en disputas entre Estados e inversores. Allí se concentran reclamos de empresas extranjeras vinculados a sectores como energía, servicios públicos e infraestructura, en muchos casos originados tras cambios regulatorios o contractuales.

Sin el peso del caso YPF, el frente judicial deja de estar dominado por un único expediente de magnitud extraordinaria. El mapa pasa a estructurarse en torno a una multiplicidad de reclamos de menor escala, aunque igualmente relevantes por su impacto acumulado y su dispersión sectorial.

Detrás de ese conjunto aparecen remanentes de deuda pública impaga, controversias por estatizaciones, rupturas de contratos de servicios públicos y reclamos de inversores que acudieron a tribunales o arbitrajes internacionales. La herencia de la crisis de 2001 sigue siendo uno de los principales orígenes de este entramado.

Los casos que siguen en agenda

Entre los expedientes más observados aparece el caso del Cupón PBI, vinculado a títulos atados al crecimiento económico. Inversores reclaman compensaciones por la forma en que se calcularon las estadísticas oficiales del Indec en 2013, en un contexto en el que el país habría buscado reflejar un crecimiento menor para evitar el pago de intereses.

El litigio se desarrolla en paralelo en tribunales del Reino Unido y de Estados Unidos. En el frente británico, la Justicia ya condenó a la Argentina y no quedan instancias de apelación, por lo que el país debe negociar un pago cercano a los 1.732 millones de euros, tras la ejecución parcial de garantías.

En Estados Unidos, en cambio, el expediente tuvo un recorrido distinto. La jueza Loretta Preska desestimó la presentación original por un tecnicismo, pero habilitó una nueva demanda. En ese marco, los demandantes preparan un reclamo cercano a los 1.800 millones de dólares.

El frente energético también concentra reclamos de magnitud. La estadounidense AES Corporation mantiene una de las demandas más elevadas, superior a los 1.800 millones de dólares, en el marco de disputas por cambios en las reglas del sector.

A eso se suman conflictos derivados de concesiones de infraestructura. La española Abertis tiene litigios abiertos por Grupo Concesionario del Oeste y Autopistas del Sol, con expectativas de cobro cercanas a los 300 millones de dólares.

También persisten reclamos vinculados a empresas de servicios públicos, proyectos inmobiliarios y remanentes de la estatización de las AFJP. En ese conjunto aparece incluso un expediente relacionado con Aerolíneas Argentinas por unos USD 390 millones.

Riesgos que siguen abiertos

Aunque el alivio tras el caso YPF reduce de manera drástica la exposición total, el frente judicial externo sigue siendo relevante para la estrategia financiera del país. El monto agregado de las demandas restantes continúa en varios miles de millones de dólares y mantiene abiertos focos de conflicto en sectores sensibles de la economía.

Ex procuradores del Tesoro y especialistas en litigios internacionales advirtieron que estas causas pueden incidir en futuras emisiones de deuda, reestructuraciones o negociaciones financieras. Las sentencias adversas suelen venir acompañadas de medidas cautelares que pueden trabar operaciones del Estado en el exterior.

Sin el litigio más voluminoso en el centro de la escena, el riesgo se dispersa. Ya no depende de un único expediente, pero sigue presente en una red de conflictos que continúa condicionando la posición internacional de la Argentina.