El Gobierno avanza con un nuevo paquete de desregulaciones que promete abrir una fuerte discusión con sectores empresarios, profesionales y productivos. El proyecto, que todavía no ingresó al Congreso, reúne en 144 páginas una batería de modificaciones y derogaciones de normas que alcanzan al mercado inmobiliario, la venta de medicamentos, la industria editorial, el gas en garrafas, la navegación y distintas actividades vinculadas al campo.

La iniciativa es impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y cuenta con respaldo de la Casa Rosada. El texto comenzó a circular durante el fin de semana y propone avanzar con una nueva etapa de liberalización de actividades económicas, en una línea similar a la Ley Hojarasca.

Uno de los primeros capítulos apunta al régimen de corretaje inmobiliario. El proyecto elimina la exigencia de contar con un título universitario de Martillero y Corredor Público para ejercer la actividad. En su lugar, establece como requisitos la mayoría de edad y la finalización de los estudios secundarios.

Además, la iniciativa elimina la posibilidad de establecer aranceles mínimos, máximos o sugeridos. Las comisiones quedarían determinadas por el acuerdo entre las partes. El texto también contempla la creación de plataformas digitales destinadas a validar y legalizar operaciones de corretaje.

El Gobierno busca liberar el mercado de las garrafas

Otro de los cambios centrales impacta en el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), utilizado principalmente en garrafas y cilindros. El proyecto deroga el régimen regulatorio vigente desde 2005 y elimina las disposiciones relacionadas con precios, volúmenes, cantidades, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales.

De aprobarse, el mercado quedaría regido en mayor medida por la oferta y la demanda. También desaparecería el esquema que permite al Estado establecer precios de referencia, regular cupos de abastecimiento y sostener mecanismos vinculados con la garrafa social.

Libros: buscan eliminar el precio único

El paquete también modifica la regulación de la actividad editorial. El proyecto deroga la Ley 25.542, que establece el precio uniforme de venta al público para los libros.

La eliminación de esa norma permitiría que cadenas comerciales, supermercados y otros grandes vendedores apliquen descuentos y establezcan diferentes precios. La medida ya generó preocupación en el sector editorial, que considera que el sistema actual protege a las librerías independientes y a las pequeñas editoriales frente a la concentración del mercado.

La Cámara Argentina del Libro cuestionó la iniciativa y sostuvo que el precio único constituye una herramienta central para preservar la diversidad editorial y garantizar el acceso a los libros en distintas regiones del país.

El borrador también deroga la ley que obliga a doblar en Argentina las películas, series y otros contenidos extranjeros que se emiten por televisión abierta o cable. De esta manera, las producciones podrían realizar el doblaje en otros países.

Farmacias: medicamentos de venta libre fuera de los mostradores

El proyecto modifica además la normativa que regula la actividad farmacéutica. Uno de los principales cambios elimina la exclusividad de las farmacias para vender medicamentos de venta libre.

La propuesta permitiría que esos productos se comercialicen en otros establecimientos, como supermercados y kioscos. A su vez, habilitaría a las farmacias a vender medicamentos a través de sitios web, aplicaciones y plataformas digitales.

El texto también autoriza la utilización de servicios de terceros para la logística, los pagos y la exhibición de los productos, lo que podría incluir plataformas como Mercado Libre o Rappi.

Cambios para el sector agroganadero

El sector agroganadero ocupa otro capítulo importante dentro del proyecto. Una de las modificaciones elimina la obligación que pesa sobre los productos veterinarios importados de comenzar su fabricación efectiva en el país dentro de los cuatro años posteriores a su autorización.

La reforma permitiría que laboratorios internacionales e importadores mantengan sus permisos de comercialización sin la obligación de instalar plantas industriales en la Argentina o transferir sus fórmulas de producción.

La iniciativa también elimina las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). El organismo pasaría a sostenerse mediante aportes voluntarios y la prestación de servicios comerciales.

Además, el proyecto desregula los contratos de alquiler de campos y los acuerdos de producción asociativa. En ambos casos, las relaciones quedarían sujetas principalmente a la autonomía de la voluntad de las partes y a las reglas generales del Código Civil y Comercial.

Vino y alcohol: menos controles y cambios en COVIAR

El texto también introduce modificaciones en la industria vitivinícola y de bebidas alcohólicas. La propuesta busca reducir la carga burocrática de las inspecciones, flexibilizar prácticas enológicas y unificar el esquema de multas en función del valor del producto.

A su vez, deroga la Ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). El proyecto establece un proceso de liquidación de la entidad y dispone que sus recursos remanentes pasen al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

COVIAR tendría un plazo de dos meses para presentar un informe de cierre y avanzar con su disolución. En caso de ser necesario, el Estado podría designar un liquidador.

Apertura del transporte marítimo de cabotaje

El último tramo relevante de la iniciativa modifica las reglas de navegación y del comercio de cabotaje. El proyecto elimina la reserva de carga para los buques de bandera argentina y abre la posibilidad de que embarcaciones extranjeras transporten carga y pasajeros entre puertos nacionales.

También modifica la Ley de Navegación para flexibilizar las condiciones de contratación laboral a bordo, revisar las reglas sobre la composición de las tripulaciones y avanzar con la digitalización de la documentación vinculada al comercio marítimo.

El paquete todavía no ingresó al Congreso, pero su contenido ya anticipa una discusión con varios sectores afectados por las modificaciones.