Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades en el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y en la elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La acusación incluyó los delitos de "violación de los deberes de funcionario público", "violación de secretos y deberes de confidencialidad", "falsificación de documentos públicos" y la presunta violación del secreto estadístico previsto en la Ley 17.622.

El eje de la denuncia

La presentación fue impulsada por los diputados Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca. Según el escrito, el Indec había resuelto en octubre de 2025 aplicar una nueva fórmula de cálculo que entraría en vigencia en enero de 2026, decisión que -afirman los denunciantes- el ministro ordenó postergar.

"Esta decisión del Ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor", sostiene la denuncia.

Para los legisladores, esa conducta resultaría contraria al marco legal que regula el sistema estadístico nacional y configuraría un abuso de autoridad en un organismo cuya independencia técnica está protegida por ley.

Publicación anticipada de datos

El segundo eje del planteo judicial se refirió a la difusión previa de información vinculada al índice inflacionario.

"El ministro Caputo publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del IPC, según la forma de cálculo que se aplique. Y adelantó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial", señalaron los denunciantes.

Según la presentación, en ese mensaje el ministro habría admitido que el índice arrojaría resultados distintos con la nueva metodología, lo que fue interpretado como una divulgación anticipada de información protegida por el secreto estadístico.

Debate por la metodología de medición

La discusión se inscribió en un contexto de tensión por la actualización de la canasta utilizada para medir la inflación. El nuevo esquema toma como base la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, mientras el Gobierno defendió la continuidad de la estructura elaborada con datos de 2004/05.

Según argumenta la denuncia presentada por los diputados, la nueva ponderación otorga mayor peso a rubros como Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Comunicaciones, lo que derivaría en variaciones más altas del índice.

La controversia coincidió con la salida de Marco Lavagna de la conducción del organismo, en medio del debate sobre la implementación del nuevo método.

Impacto económico y pedido de explicaciones

Los legisladores advirtieron que la decisión sobre el IPC tiene "graves consecuencias sociales, económicas y políticas", ya que ese indicador impacta en la fórmula de actualización de jubilaciones, pensiones, asignaciones y negociaciones salariales.

"El IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional", afirmaron en el escrito, al señalar su influencia en contratos públicos y privados, decisiones financieras y el diseño de políticas económicas.

En ese marco, recordaron que el bloque también impulsó un pedido de interpelación al ministro en el Congreso para que brinde explicaciones formales.

El Indec informó que la inflación de enero fue del 2,9%, con una variación interanual del 32,4%, dato difundido en medio de la controversia política y técnica por el esquema metodológico utilizado para su cálculo.