La vicepresidenta Victoria Villarruel aprovechó el aniversario del colegio del que egresó para enviar un mensaje de respaldo a los docentes en medio del conflicto salarial que atraviesa el sector educativo. "Merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan", sostuvo la titular del Senado.

La definición surgió a partir de una publicación por el aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, donde cursó sus estudios, pero rápidamente adquirió una lectura política por producirse en medio del conflicto sobre el financiamiento de las universidades públicas y las condiciones salariales de los docentes, que piden aumentos por la pérdida del poder adquisitivo. En ese contexto, las palabras de la vicepresidenta marcaron un nuevo quiebre con el discurso predominante dentro del oficialismo. 

 "Como egresada del Dámaso, guardo un enorme cariño por una institución que forma parte de mi historia personal. En sus pasillos aprendí lecciones que iban mucho más allá de los libros. Guardo los mejores recuerdos y amistades que trascienden las décadas", expresó Villarruel al evocar su paso por el establecimiento.

Además, remarcó que "nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar".

En el tramo final de su mensaje, Villarruel profundizó la reivindicación a los educadores y aseguró que "quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación", además de sostener que los trabajadores del sector deben recibir una remuneración acorde a la relevancia social de la tarea que desempeñan.

Qué pasó con la Ley de Financiamiento Universitario

El pronunciamiento de Villarruel se produjo apenas semanas después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso presentado por el Poder Ejecutivo y dejara firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir parcialmente con la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución del máximo tribunal mantuvo vigente la obligación de actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y de recomponer partidas destinadas a becas y programas estudiantiles, al considerar que el planteo del Gobierno no se dirigía contra una sentencia definitiva.

La disputa judicial se originó luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) cuestionara el decreto mediante el cual el Ejecutivo buscó limitar la aplicación de algunos artículos de la norma sancionada por el Congreso en 2025. Los artículos en discusión son los vinculados a la actualización salarial y al financiamiento de programas de asistencia.

Si bien el Gobierno y las universidades alcanzaron en junio un acuerdo parcial que contempló aumentos salariales, mayores recursos para gastos de funcionamiento y fondos para hospitales universitarios, las autoridades académicas continúan reclamando la implementación integral de la ley aprobada por el Congreso.