El secretario general de la Asociación Argentina de Magistrados de Adolescencia y Familia (Ajunap), Gustavo Moreno, manifestó hoy su rechazo al proyecto para modificar el régimen penal juvenil, que contemplaría una baja de la imputabilidad a los 15 años, al sostener que la iniciativa “no va a tener incidencia en la seguridad”, y alertó sobre la falta de presupuesto para implementar el sistema.

Moreno, tras aclarar que el proyecto no está aún oficializado, sostuvo que la iniciativa “reedita el tema de bajar la edad en un año electoral" y advirtió que "preocupa porque no va a tener incidencia en la seguridad”. "Si se miran las estadísticas reales la incidencia es mínima, y esto se está mostrando como una cuestión de seguridad”, afirmó.

“No entiendo la finalidad de la reforma, salvo que la tenga que relacionar con que el tema de poner a los menores como enemigos sociales genera algún grado de satisfacción electoral”, aseguró el magistrado, quien se pronunció a favor de “dar el debate, pero hay que dar un debate mucho más amplio por la falta de equipos interdisciplinarios, el presupuesto y los remedios que necesita la Justicia para esto”.

En diálogo con radio Continental, Moreno consideró que “la Justicia no está en condiciones de hacer un seguimiento por falta de presupuesto”, y puso como ejemplo a la ciudad de Buenos Aires que, dijo, “tiene una sola trabajadora social, la Corte no les deja usar el cuerpo medico forense y dependen de los organismos públicos para hacer informes”.

“Tenemos una restricción muy fuerte en los gastos”, afirmó el magistrado, quien llamó a “buscar soluciones que tengan que ver con alternativas al encierro”, como lo hicieron provincias como Salta y Catamarca.

En un comunicado, la Ajunaf sostuvo que “la reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil no puede darse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales y culturales en que vive la infancia y la adolescencia en la Argentina, donde el 48% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina es pobre”.

“No parece razonable que, en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado, de las provincias, la Ciudad y los municipios del sistema de protección integral de derechos de la niñez”, afirmaron.