Las esterilizaciones a mujeres con discapacidad, promovidas por algunos sectores de salud y avaladas por el sistema judicial, están basadas en el prejuicio de que no pueden maternar y son violatorias de sus derechos sexuales y reproductivos, denunciaron organizaciones nacionales en el marco de la campaña "Injusta Justicia".

"En Argentina hemos tenido varios casos de esterilizaciones ordenadas por la justicia, donde el consentimiento es dado por la familia, muchas veces producto de una información que reciben de manera sesgada", explicó a Télam Sofía Minieri, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

REDI es socia local de "Injusta Justicia" (www.injustajusticia.org), la campaña regional impulsada por las organizaciones Resurj (Realizing Sexual and Reproductive Justice), Vecinas Feministas y Balance que busca "visibilizar casos donde las leyes que deberían velar por niñas, niños y adolescente, terminan siendo utilizados para vulnerar sus derechos", detalló Minieri. En Argentina viven dos millones de mujeres con discapacidad.