En el marco de una jornada de marchas y movilización por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, se contabiliza 321 sentencias, en las que fueron condenadas 1.176 personas y 183 resultaron absueltas. En 2006 comenzaron los primeros juicios orales y públicos, tras declararse nula e inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Los datos se desprenden del informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, realizado por la fiscal federal María Ángeles Ramos. Se trata de datos estadísticos recopilados hasta el 15 de marzo de este año por las fiscalías federales y unidades fiscales de todo el país que intervienen en los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

 

Además, hay 17 juicios en proceso en todo el país, y 62 causas cuentan con requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal, por lo que el proceso continuará con la realización del debate.

Se registran 661 personas detenidas, 1.491 permanecen en libertad y otras 36 están prófugas. El último año en que se registraron más personas detenidas que en libertad fue 2015. A partir de 2016, aumentaron los casos de personas libres y para hoy el doble de implicados libres que detenidos. 

Entre quienes se encuentran privados de la libertad, 508 obtuvieron el arresto domiciliario, mientras que 91 permanecen en establecimientos penitenciarios y 62 se encuentran en otro tipo de dependencias. De estos últimos, 61 están en la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en el ámbito de la guarnición militar de Campo de Mayo y que, por esa particularidad, la procuraduría especializada no considera una institución penitenciaria.

En tanto, desde el reinicio de los procesos fallecieron 1.559 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. A esto se lo conoce cono "impunidad biológica", ya que la muerte los absolvió de ser condenados. 

Según el estatuto 7 de los Tratados de Roma, se consideran delitos de lesa humanidad los crímenes que incluyen tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y violación contra la población civil, como parte de un ataque general o sistemático

Francos, en contra de la prisión domiciliaria

En declaraciones radiales, el ministro del Interior, Guillermo Francos, cuestionó que los casos de prisión domiciliaria para militares mayores de 80 años son "una aberración absoluta", ya que "muchos de esos" se encuentran "sin condena". 

"Muchos militares que están presos acusados de delitos de lesa humanidad no tienen nada que ver con esos delitos", opinó Francos

Según el artículo 10 del Código Penal, pueden cumplir prisión domiciliaria a criterio del juez, quienes estén acusados y tengan una enfermedad terminal, se encuentren enfermos o tengan una discapacidad y el servicio penitenciario no pueda dar tratamiento ni se adecue a ello, mujeres embarazadas y mayores de 70 años.