El Gobierno nacional modificó la Ley de Inteligencia Nacional y redefinió la estructura, funciones y mecanismos de conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que ahora tomará un rol central. Se trata de una de las modificaciones más profundas al sistema de inteligencia desde la sanción de la Ley N° 25.520, en 2001. 

La norma otorga más poder a SIDE, que pasa a concentrar la dirección estratégica del Sistema de Inteligencia Nacional. Según el Gobierno, el objetivo es ordenar competencias, reducir superposiciones normativas y fortalecer los controles internos, en un contexto atravesado por nuevas amenazas de carácter tecnológico, criminal y geopolítico.

 

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo justificó el uso del DNU en la necesidad de actuar con rapidez ante las falencias detectadas en el funcionamiento del sistema y sostuvo que el trámite legislativo ordinario no permitiría dar una respuesta oportuna. La reforma, señala el texto oficial, apunta a mejorar la coordinación entre organismos, la calidad de la información producida y la eficacia en la toma de decisiones estratégicas.

El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, tal como establece la legislación vigente. Mientras tanto, el Gobierno avanza con una reorganización que busca redefinir el alcance del sistema de inteligencia, reforzar su conducción política y actualizar su funcionamiento frente a los desafíos actuales.

Los cambios en inteligencia, uno por uno La SIDE como eje del sistema

Uno de los pilares de la reforma es la reafirmación de la Secretaría de Inteligencia de Estado como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional. En ese marco, la SIDE asume la conducción directa de la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional y la producción de inteligencia nacional.

La norma establece que será responsable de articular el funcionamiento del sistema, coordinar los vínculos con los organismos de inteligencia de otros Estados y centralizar la información producida por los distintos subsistemas, que deberá ser elevada al Presidente de la Nación. Si bien este esquema ya estaba previsto en la ley vigente, el Gobierno reconoce que su implementación efectiva presentó dificultades, por lo que se crean nuevos ámbitos formales de coordinación para garantizar una conducción sistemática.

El decreto también aclara de manera expresa que la SIDE no cumple funciones policiales ni de seguridad interior ni investiga delitos concretos. Su tarea se limita a la producción de inteligencia estratégica, anticipada y objetiva para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, una precisión que busca despejar ambigüedades acumuladas a lo largo del tiempo.

Nuevas comunidades de Inteligencia e Informativa

La reforma crea la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un ámbito interinstitucional permanente que reunirá a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales y de seguridad federales, y otros organismos con competencias afines. Este espacio funcionará bajo la conducción de la SIDE y tendrá como finalidad coordinar y centralizar la producción de inteligencia estratégica.

También se establece la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos públicos que no producen inteligencia en sentido estricto, pero aportan información relevante para el análisis estratégico. Entre ellos se encuentran los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Nacional, además de organismos como el Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Dirección General de Aduanas.

Ciberseguridad, ciberinteligencia y contrainteligencia

Otro de los cambios centrales es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El DNU crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado que funcionará en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, y que será la autoridad nacional en materia de protección del ciberespacio, las infraestructuras críticas y los activos digitales estratégicos.

En paralelo, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con un enfoque exclusivo en la producción de inteligencia en el dominio digital. En el mismo sentido, la Agencia de Seguridad Nacional cambia su denominación por Agencia Nacional de Contrainteligencia y redefine sus funciones para concentrarse en la detección y el análisis preventivo de amenazas como espionaje, sabotaje, injerencia e influencia extranjera, evitando superposiciones con la investigación criminal de la Policía Federal.

El decreto incorpora además una definición explícita de la contrainteligencia en la ley y establece la obligación de aplicar medidas pasivas de seguridad en todo el Sector Público Nacional, bajo responsabilidad de los titulares de cada organismo.

Reordenamiento de la inteligencia militar y controles internos

En el área de defensa, la reforma dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que dependía del Ministerio de Defensa, y transfiere sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El objetivo es eliminar una superposición histórica y mejorar la eficiencia del sistema.

En materia de control interno, la actual División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones, inspecciones y evaluaciones sobre el uso de recursos, la eficacia operativa y la integración funcional de los organismos que integran el sistema.

La reforma también refuerza el poder de conducción de la SIDE, que tendrá facultades para aprobar presupuestos, controlar los gastos de inteligencia —incluidos los gastos reservados— y centralizar la designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados. Además, habilita de manera expresa la posibilidad de solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y las policías, bajo autorización del Secretario de Inteligencia, y establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto por su sensibilidad estratégica.