El Centro de Estudios Legales y Sociales ( CELS) determinó que es "inconstitucional" el programa " Ofensores en trenes", creado mediante una resolución del Ministerio de Seguridad y habilita a las fuerzas policiales y de seguridad a pedir el documentación y detener de forma arbitraria a personas en estaciones de tren.

La medida, que se lanzó bajo el argumento de "prevenir delitos", no establece ningún tipo de criterio por el cual las autoridades eligen a quién pedir el DNI ni qué sucede cuando la persona en cuestión no lleva consigo la tarjeta de identificación. Además, está basada en el fallo "Vera", en el cual el Tribunal Superior de Justicia porteño legitimó una detención injustificada y arbitraria en la estación Constitución sobre la que se había pedido que sea declarada inconstitucional.

"'Ofensores En Trenes' es inconstitucional. Contradice las leyes y estándares internacionales que prohíben detener a alguien, si no hay sospechas fundadas de la comisión de un delito. Tampoco se puede detener con fines de identificación. Las 'facultades implícitas' son ilegales", remarcó el CELS desde su cuenta de Twitter.

 

En este sentido, enfatizó que "es una medida que criminaliza a les trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados", e indicó que "está comprobado" que iniciativas como la dispuesta por el Ministerio de Seguridad "ponen en riesgo los derechos fundamentales y, además, son ineficientes para prevenir delitos".

Además, la entidad sostuvo que "esta decisión del gobierno promueve que las fuerzas de seguridad detengan con criterios discriminatorios", lo cual "puede dar lugar a graves violaciones a los Derechos Humanos, como lo ocurrido con la privación ilegítima de la libertad de Walter Bulacio en 1991 en el ingreso a un recital".

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Bulacio, que en ese entonces tenía 17 años, fue llevado en un colectivo por "averiguación de antecedentes" junto a otros 72 jóvenes --varios de ellos, menores de edad-- en medio de una razzia policial cuando estaba por entrar a un espectáculo de Los Redonditos de Ricota en el estadio Obras. Los golpes de la Policía desembocaron en su muerte, días después. Su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) que responsabilizó al Estado.

"Cuando no hay sospecha suficiente de que alguien cometió un delito, detener para identificar es inconstitucional. No importa cuánto tiempo dure el procedimiento. Así lo afirmó la CIDH en el caso por la detención arbitraria y la desaparición forzada de Iván Torres", reiteró el CELS.

El mencionado caso se refiere a un joven que fue desaparecido de forma forzada luego de ser detenido por la policía chubutense en 2003 en Comodoro Rivadavia mientras estaba reunido con sus amigos en la calle. Seis testigos del hecho fueron asesinados, y la desaparición de Torres nunca se esclareció. En este caso, la CIDH también intercedió y condenó como responsable al Estado Argentino.