Especialistas y organizaciones advirtieron hoy que el incumplimiento de la "Ley Arriola", el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que estableció la no punibilidad de la tenencia de drogas para consumo personal, generó sobrepoblación carcelaria, falta de acceso a la salud, a la alimentación y malos tratos en unidades penales. Esas consecuencias fueron analizadas durante la campaña "A 10 años de Arriola", que busca intercambiar conocimientos sobre la problemática de drogas.

El 25 de agosto de 2009, la CSJN declaró inconstitucional el artículo 14 de la Ley de Estupefacientes 23.737, que reprime la tenencia de drogas para consumo personal con penas que van desde un mes hasta seis años de prisión.

Los especialistas que debatieron hoy en el salón Atrio del Senado de la Nación señalaron que persiste en Argentina una política de drogas que tiende a la criminalización de los consumidores, pese a que la jurisprudencia del fallo Arriola fue incorporada al nuevo Código Penal.

El ex juez de la CSJN, Eugenio Zaffaroni, quien fuera uno de los firmantes de la sentencia, afirmó hoy que "el fallo no tuvo el efecto que deseábamos", y agregó que esto se debió, principalmente, a que el "control de constitucionalidad es débil" en Argentina, ya que "cada juez sostiene su posición mientras la ley se sigue aplicando".

Zaffaroni también advirtió que "el tóxico criminógeno por excelencia es el alcohol, no las drogas", y agregó que en "los 11 años que fui juez de la CSJN y me llegaron las causas penales más graves, vi muy pocas causas criminales donde los agentes estuvieran bajo el efecto de la cocaína, pero bajo el efecto del alcohol, todos los días".

El caso Arriola ocurrió en Rosario en 2006, cuando ocho jóvenes de entre 18 y 20 años fueron detenidos por tenencia de marihuana en cantidades que sólo podían destinarse al consumo personal. En 2006, Matilde Bruera era defensora en los tribunales federales de Rosario e intervino en la causa, por lo que acompañó a Zaffaroni en el encuentro de hoy.

"El debate sobre el fallo Arriola es también un debate sobre qué se puede prohibir y qué no, sobre la autodeterminación de la propia vida y, en definitiva, sobre la libertad", dijo Bruera al iniciar su exposición.

"Concentrarse en los consumidores es más fácil porque resguarda la impunidad del narcotráfico, y sirve para mostrar un trabajo como si fuera combate contra el narco cuando, en realidad, es criminalización de niños y jóvenes, en su mayoría pobres", dijo Bruera.

Sergio Balardini, de la Fundación Friedrich Ebert, destacó -por su parte- la necesidad de no sancionar la tenencia y el cultivo personal de drogas porque eso, dijo, sólo genera un "lucrativo mercado ilegal de drogas".

En tanto Graciela Touzé, presidenta de la Asociación Intercambios, advirtió que "hoy vivimos una realidad de tutela y de castigo a personas que necesitan acompañamiento, comprensión y contención".

"En lugar de asegurar el derecho a la salud se ha generado violencia social, violencia institucional, criminalización, encarcelamientos masivos y penas desproporcionadas", remarcó.

“La política de drogas que está llevando el Gobierno es una de las políticas públicas más desastrosas porque no cumplió ninguno de los objetivos que se propuso”, consideró por su parte el director de la Revista THC, Sebastián Basalo.

Pablo Ferreyra, vicepresidente de Asociación Contra La Violencia Institucional, consideró “muy importante” vincular las políticas de drogas a los derechos humanos y enfatizó sobre la importancia de la realización de estas jornadas para trabajar en la mejora sobre la política de drogas.

El cierre del primer panel estuvo a cargo del procurador adjunto interino de la Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare, quien enfatizó el incremento -durante estos diez años- de la detención de hombres y mujeres por delitos de droga, y destacó que “preocupa el aumento de encarcelamiento mujeres y trans”.