La protección de los datos personales requiere la actualización de una legislación que procede de la “era analógica”, además de un Estado que trabaje para que no sean afectados los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión por las autorregulaciones de las empresas de internet, consideraron especialistas.

"Los datos personales son el nuevo petróleo y el sector privado, público y las organizaciones criminales los están buscando. Como ciudadanos, no somos conscientes y el Estado no nos cuida lo suficiente”, afirmó hoy el fiscal Horacio Azzolin.

El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia compartió una mesa de debate junto con el director de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo porteño, Eduardo Peduto, y el docente e investigador de la UBA, Diego de Charras.

Los especialistas intentaron explicar la complejidad de una temática en la que se ven implicados, y a veces enfrentados, los derechos de los ciudadanos y los intereses de las empresas y los Estados.

En un contexto en el que son cada vez más frecuentes los robos de datos sensibles Azzolín sostuvo que además de la necesidad de extremar los cuidados personales a la hora volcar información en internet, se deben “exigir políticas” que protejan esa información personal.

En este sentido, consideró que el anteproyecto que se está estudiando para modernizar la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que data del 2000, debería incluir, por ejemplo, la “obligación de las empresas de informar las brechas de seguridad de datos”. 

"Es algo bastante difundido a nivel mundial. Uber tuvo una filtración enorme y le pagó a las personas que robaron los datos para evitar que se conozca la información. Esto no se trata de algo que pasa en otro lados, tenemos casos de afectación a ciudadanos argentinos”, dijo el fiscal. 

Por su parte, Peduto consideró que si bien “el vértigo de la tecnología es muy difícil de acompañar por la legislación, la actual normativa es “analógica”. 

"Esto es un obstáculo serio, porque los datos personales son un tema geopolítico. No sólo nos definen como usuario o consumidores, sino como ciudadanos. Se elaboran nuestros perfiles sobre lo que consumimos y sobre qué pensamos”, agregó el funcionario, y puso reparos sobre el anteproyecto de ley, al que consideró “ambiguo”. 

Por su parte, De Charras introdujo la discusión sobre las responsabilidades de los llamados “intermediarios” de Internet en los contenidos publicados por terceros, una cuestión que podría ser convertida en ley la próxima semana en la Cámara de Diputados.

El investigador criticó la posibilidad de que la determinación sobre qué contenidos pueden ser eliminados quede al arbitrio de las corporaciones de acuerdo a los “términos y condiciones del servicio que el usuario acepta al contratar el servicio”, algo que en la práctica implica “paranormatividad”.

"Eso implica que una corporación puede, más allá de nuestras convenciones de derechos humanos, arrogarse la censura de un contenido”, comentó. 

Por otra parte, pidió reflexionar sobre el “derecho al olvido” que se ejerce en Europa y que le da la posibilidad a los ciudadanos de pedir que se borren datos de la red: “¿Si hay pedófilos que hacen desaparecer su pasado? Como ciudadanos ¿Tenemos derecho a esa información? La tensión es más clara y manifiesta”.

Si bien los tres especialistas consideraron esencial que sea el Poder Judicial el que determine qué contenidos pueden y deben ser dados de baja, manifestaron que se deben contemplar intermediaciones no judiciales para que individuos o minorías puedan hacer efectivos sus derechos cuando hay publicaciones que los ofenden.