El Gobierno promulgó, de manera parcial, la Ley N° 27.552 de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis, aprobada por el Congreso y declarada de interés nacional. Se vetaron 4 artículos a fin de "una equitativa aplicación".

A través del Decreto 662, el Poder Ejecutivo oficializó este martes en el Boletín Oficial la entrada en vigencia de la nueva normativa que logró un alto conceso en el Senado, con 64 votos afirmativos y sólo 3 abstenciones.

Sin embargo, los artículos 5, 6, 7 y 9 fueron alterados por el Presidente Alberto Fernández: "resulta aconsejable promulgar parcialmente el Proyecto de Ley sancionado para su mejor y más equitativa aplicación, garantizando la completa provisión de las prestaciones allí establecidas, pero sin afectar el marco normativo que regula la salud pública", señala el texto oficial. 

De esta forma, los artículos 5 y 6 que estipulan la leyenda "médicos" y "médicos profesionales", fueron eliminados ya que "no todas las prestaciones que deben y/o pueden recibir las personas con Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis deben ser indicadas por profesionales médicos o médicas", y como consecuencia "podría redundar inclusive en un perjuicio para los y las pacientes, y solo resulta una limitación que responde al modelo médico-hegemónico sin contemplar las decisiones del equipo de salud integrado también por otros u otras profesionales".

Además, se altera el punto 6 de cobertura integral: "se debe realizar según lo prescriba el médico, quedando prohibida la sustitución y/o modificación del medicamento, se aparta de los criterios fijados en diversas normas y políticas públicas existentes en el país, tal como la Ley No 25.649 por la cual se dispone que toda receta o prescripción médica debe efectuarse en forma obligatoria expresando la denominación común internacional, usualmente llamado “nombre genérico”, lo cual tiene por objeto la defensa del consumidor o de la consumidora de medicamentos y drogas farmacéuticas y permite a los y las pacientes ejercer con libertad su derecho de elección, además de facilitar una política competitiva de precios", detalla la normativa firmada por el Presidente Alberto Fernández, y el pleno del gabinete de ministros.

Por su parte, el artículo 7, el más discutido por las organizaciones impulsoras de la nueva regulación, también sufrió modificaciones en lo que refiere a la emisión del Certificado Único de Discapacidad "de por vida". 

"El proyecto se aparta de la concepción de las personas, que en nuestro país, responde al
del modelo universal con enfoque biopsicosocial, el cual concibe a la persona con discapacidad desde su
complejidad. Que un enfoque biopsicosocial conlleva a que, la sola presencia de una determinada condición de salud –aun cuando sea irreversible- no implica per se discapacidad (...). Que, en efecto, en nuestro país los certificados únicos de discapacidad no se otorgan de una vez y para siempre, en ningún caso (...). Que entonces, en este punto, la expresión “...el cual será de por vida...” podría entrar en pugna con la mencionada Convención, lo que aconseja la observación de la misma", argumenta el texto oficial.

Finalmente, el inciso 9 alterar el término "acción social" del proyecto de ley sancionado, porque "no se encuentra dentro de la administración pública nacional, correspondiendo dichas competencias al Ministerio de Salud. En efecto, es este Ministerio el que tiene competencia en todo lo inherente a la salud de la población", observa el comunicado.