Uber sigue funcionando pese al pedido de bloqueo “porque las empresas (prestadoras del servicio de Internet) no la bloquean y no cumplen con las órdenes judiciales”, afirmó el fiscal que lleva la causa, Martín Lapadú, quien evalúa imputar a los directivos de las compañías por el “delito de desobediencia”.

"Estamos considerando imputar a los directivos de las empresas por el delito de desobediencia”, afirmó el fiscal de Cámara de la Ciudad y analizó que las prestadoras de Internet podrían estar cometiendo “el delito de encubrimiento o participación en el delito de evasión tributaria de Uber, porque le permiten continuar con el desarrollo del delito”.

El último miércoles la justicia porteña denegó la eximición de prisión y solicitó el encarcelamiento preventivo del director Ejecutivo de Uber, Mariano Xavier Otero, imputado por el delito de “evasión tributaria agravada”, por la falta de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes a 2016.

Esa fue la última medida de una causa que lleva meses, y que ya en abril había visto un pedido judicial para que se instrumentara en todo el país el bloqueo de las plataformas digitales a través de las cuales se accede a los servicios de Uber: la aplicación y el sitio web.

Sin embargo, ambas herramientas no solo siguen funcionando, sino que además desde la web de la compañía “explican cómo eludir la manda judicial y los bloqueos de las tarjetas de crédito”, denunció la Fiscalía porteña.

Las empresas “están desobedeciendo una orden judicial. Del juzgado de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones”, continuó Lapadú, y agregó que las compañías “dicen que no pueden bloquear el servicio de Uber”. 

"Primero dijeron que no pueden hacer un bloqueo georreferenciado (limitado a la Ciudad de Buenos Aires). Cuando le pidieron que lo hicieran a nivel nacional, empezaron a argumentar un tema jurisdiccional, que mezclan con un tema técnico”, sostuvo.

"Cada vez que vamos logrando una adecuación a lo que las empresas piden para bloquear la web y la aplicación de Uber, nos cambian la denominacion”, continuó el fiscal.

Un vocero de Telefónica indic. que hubo una orden judicial que se rechazó por motivos técnicos y legales: “La orden nos pedía bloquear el dominio ’uber.com/argentina’. Se le respondió que para hacer eso habría que bloquear el dominio ’uber.com’. Pero de hacer esto, se estaría excediendo esa orden judicial”, explicó.

Para Lapadú, ese argumento muestra que “no existe una voluntad de cumplir con las órdenes judiciales que dicta la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”.

Asimismo, agregó: “Las empresas en sus informes te hablan de la libertad de expresión. Enarbolan una bandera que no tienen nada que ver con el meollo de la cuestión que estamos tratando”.

Otra traba mencionada por Lapadú está en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), “que tampoco obedece las órdenes”. 

"La Justicia le ordenó a la Enacom que obligue a las empresas a que bloqueen a Uber. Lo que debería hacer es abrirles expedientes a las empresas en estos casos. Es decir que no cumple con su deber administrativo”, consideró.

El titular del organismo, Miguel De Godoy, argumentó ante esta agencia que la Enacom “no puede regular contenidos”, y que en este tipo de casos su papel se limita a “auxiliar a la justicia”.

"Hemos pedido a las empresas que cumplan con la justicia y estamos a disposición de los fallos judiciales”. Notificamos a las empresas, todas las veces que sea necesario, pero Enacom no tiene potestad de bloquear un contenido”, sostuvo. 

Según el fiscal, “lo que termina pasando en la Argentina es que lo único que terminan filtrando las empresas de Internet es solo aquello que respecta a pornografía infantil. No solo no obedecen el bloqueo de Uber, sino tampoco los pedidos de bloqueo de páginas de juego clandestinos, que es un delito que tiene de cuatro a seis años de prisión”.