Unos 300 trabajadores de la pyme argentina Tabacalera Sarandí presentaron una denuncia contra Argentina en función de hechos que (según se desprende de los términos de la presentación) resultan constitutivos de diversas violaciones a los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador: acceso a la justicia, derecho al recurso, derecho al trabajo y ejercer industria lícita, derecho a la propiedad, principio de igualdad y no discriminación.

En concreto, la denuncia expone la existencia de un nuevo sistema normativo que establece una ecuación tributaria que resulta inequitativa y desproporcionada para las empresas que, previo a la promulgación de la ley de impuesto mínimo (llamada "Ley Massalin"), practicaban precios inferiores al monopolio del tabaco.

Esto generaría un claro beneficio para los elaboradores de productos de mayor precio, reservando mercado a las grandes tabacaleras multinacionales. La situación expuesta somete a las pequeñas tabacaleras locales a una carga tributaria que impone que, de cumplir con la ley, se llegará a un irremediable estado de cesación de pagos que impedirá a la continuidad de las actividades y que privará a cientos de personas de su empleo y del sustento para sus familias. De allí que los trabajadores directamente hayan tomado la iniciativa para la formulación de la denuncia ante el organismo internacional.

Del mismo modo, en la presentación también se expone que, paradójicamente, el nuevo sistema perjudica al Estado, al generar no solo un contribuyente menos entre quienes pueden hacerse de ingresos para acrecentar las arcas del Estado en concepto de recaudación impositiva sino también empujando a la pobreza a todos los trabajadores involucrados.

La presentación realizada busca que la comisión someta el caso a la Corte IDH, a fin de que eventualmente condene al Estado por las violaciones denunciadas y, a modo de reparación, el Estado deje sin efecto la decisión de la Corte Suprema de Justicia (en virtud del precedente "Fontevecchia"). También que, adicionalmente, inste al Estado para que adopte las medidas necesarias para modificar la normativa vigente en materia tributaria (en función del precedente "Kimel"), situación procesal que les permitiría asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo.

Maximiliano Rusconi, profesional que acompaña la presentación, sostuvo que "la denuncia ya fue recibida por la comisión y, como consecuencia de ello, se generaron dos trámites ante el mencionado organismo: uno por la cuestión de fondo planteada y otro por la medida cautelar que se solicitó".

"La situación de los trabajadores es verdaderamente desesperante, genera mucha angustia y dolor, no solo en ellos sino también en sus familias, a causa de la violación de diversas garantías constitucionales generadas por la sanción de una reforma tributaria realizada "a medida" de las grandes tabacaleras para obtener mayores beneficios y perjudicar a las pequeñas tabacaleras locales", agregó.