La infancia y la adolescencia son períodos clave para el desarrollo positivo de una persona. Sin embargo en Argentina, los niños, niñas y adolescentes constituyen la población más pobre y con peores condiciones de vida: según Unicef, el 60% del total se encuentra en situación de precariedad. Además, la pandemia de coronavirus caló más profundo en esta realidad y la hizo más visible, triste y urgente.

En este contexto, las miradas de los y las analistas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) se posaron sobre las asignaciones familiares que otorga el Estado para corregir desigualdades y advirtieron varios problemas que restringen el acceso de al menos un 8,8% de los niños y niñas a estos beneficios, es decir, alrededor de 1.200.000 infantes.

Más aún, las familias que sí reciben algun tipo de transferencia se topan con mayores dificultades cuando se trata de asignaciones con mayores limitaciones en la normativa o la exigencia de "contraprestaciones", como es el caso de las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), en comparación a la Deducción del Ingreso a las Ganancias (DIG).

Así, los y las expertos y expertas propusieron dos escenarios que llevarían de forma gradual hacia un ingreso universal para la infancia que iguale a la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) con perspectiva de género; teniendo en cuenta que son las mujeres las responsables de cumplimentar corresponsabilidades y administrar los ingresos; y con una tendencia hacia la digitalización, en base la experiencia de cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.

Requisitos para las asignaciones, un problema 

El informe plantea que la primera dificultad está en la cobertura de las asignaciones. Ya sea por la inserción laboral de las personas adultas en la familia, por no cumplir con requisitos normativos (como puede ser ser hijo o hija de migrantes con al menos tres años de residencia) o porque Anses no cuenta con los datos completos de sus padres y madres, entre otros; al menos un 8,8% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina no reciben ningún tipo de subsidio.

Fuente: Cippec

Por otro lado, existe un problema de equidad ligado a las corresponsabilidades. Mientras que "el derecho de los cubiertos por AUH se encuentra condicionado al cumplimiento de requisitos en salud y educación", no hay tales exigencias "en el régimen contributivo ni entre quienes realizan deducciones del Impuesto a las Ganancias". "Las corresponsabilidades tienen un impacto limitado en el acceso a la salud y la educación", advierte el documento.

En este punto, Matilde Karczmarczyk, analista del Programa de Protección Social y coautora del documento, advirtió en diálogo con BAE Negocios que "las corresponsabilidades son utilizadas políticamente para justificar que hay “algo a cambio” de esa transferencia que se realiza a los sectores más vulnerables".

"Detrás de esto hay de alguna una creencia de que las familias que reciben la AUH necesitan algún seguimiento para llevar a sus hijos/as al colegio o cumplir con ciertos controles de salud cuando son más pequeños. La evidencia no es conducente acerca de la efectividad de las corresponsabilidades y, en general, si se da un efecto sobre asistencia escolar/salud es más por efecto ingreso que por corresponsabilidad", explicó.

Desigualdades con la AUH y las asignaciones familiares 

Asimismo, para el Cippec los ingresos no son suficientes y conducen a "situaciones de regresividad". En el caso de las AUH y las AAFF, "el monto que transfiere el Estado a cada niña/o depende de la situación laboral de sus padres y los distintos tipos de cobertura no otorgan una transferencia equivalente ante un mismo nivel de ingreso". En cuanto a Ganancias, "el valor de las prestaciones aumenta con el ingreso familiar".

"En ninguno de los casos las transferencias son suficientes para alcanzar la línea de pobreza o, al menos, la línea de indigencia por niño/a equivalente", alerta.

Fuente: Cippec

Por último, el documento subraya la existencia de un problema de "progresividad", ya que las prestaciones varían según las zonas que fueron determinadas como prioritarias, donde el monto de las transferencias es mayor al valor general. Ocurre que el criterio "no es el mismo para las distintas vías del sistema de transferencias ni busca generar progresividad".

"La definición de las zonas solo alcanza a los hijos/as de algunos trabajadores (monotributistas y perceptores del seguro de desempleo quedan excluidos) y, dentro de una misma región geográfica la zona puede ser distinta de acuerdo a la situación laboral del mayor asociado", indica.

Canasta básica por región

En este sentido, el análisis realizado por Gala Díaz Langau, José Fiorito y Karczmarczyk, plantea dos escenarios posibles en los que los esquemas de transferencias se basan en:

  • La región geográfica donde residen los niños y niñas, 
  • El salario de los trabajadores de ellas
  • El valor de las canastas regionales para los niños/as de 0 a 17 años

Ambas propuestas proyectan una inversión inicial del 0,3% del PBI para 2020 y un aumento gradual hacia el 2030 del 3% para el primer escenario y un 5% para el segundo.

En el primer caso, el Cippec incentiva a "la universalización de la cobertura eliminando restricciones normativas desde 2020 y avanzar en un incremento gradual de los montos que logre alcanzar en 2030 el valor de la CBT para los niños/as que hoy perciben AUH y aquellos que se encuentran en las tres categorías más bajas del monotributo; y el valor de la CBA para aquellos que perciben asignaciones familiares contributivas y no contributivas y quienes en la actualidad deducen ganancias".

Fuente: Cippec

"Para estos grupos se crearía una asignación homogénea (ya no escalonada de acuerdo al valor de ingreso de los padres). El esquema de gradualidad considera que se otorga desde 2020 el valor equivalente a la CBA para todos los niños/as, desde 2023 se incrementan los valores de la AUH a un 60% de la CBT, en 2026 alcanzan un 80% y en 2030 llegarían finalmente a la totalidad de la CBT. La inversión incremental en 2030 sería de $695.099 millones de pesos de 2020, 3% del PBI", proyecta.

El segundo planteo es análogo al primero en cuanto a su implementación pero considera que, "independientemente de la situación laboral de las personas adultas, todos los niños/as deberían recibir la misma suma de dinero por parte del Estado, equivalente a la CBT. La inversión incremental bajo este esquema ascendería a 1.106.163 millones de pesos de 2020 o un 5,2% del PBI en el año 2030".

Fuente: Cippec

Más operativos de la Anses

¿Cómo alcanzar la universalidad de un ingreso a la infancia? El Cippec recomienda eliminar de la AUH el límite de cobertura máxima de cinco hijos o hijas y la exclusión de los hijos e hijas de migrantes que no posean más de tres años de residencia en Argentina. 

Además, propone la creación de una cuenta bancaria a la que el niño, niña o adolescente pueda acceder según avance su autonomía progresiva y con la ayuda y asesoramiento del referente (según Ley Nº 27.364), para aquellos infantes y adolescentes que se encuentran en una situación sin cuidados parentales.

Por otro lado, expone a la "deficiencia del Estado" y advierte sobre la necesidad de  "aumentar la incidencia de los operativos territoriales articulados entre ANSES y los gobiernos provinciales y municipales".

"Resulta fundamental invertir en el fortalecimiento de los sistemas de información, incluidos los de corte nominal, a fin de resolver la situación de la población que no recibe las transferencias por no estar asociados a un adulto responsable", agrega.

La equidad de género 

Las asignaciones familiares implican una cogestión de las familias receptoras junto al Estado, y cuándo se trata de transferencias no contributivas con corresponsabilidades, como es la AUH, es decir, con contraprestaciones que exige el Gobierno a cambio de los montos, son las mujeres las que invierten  su tiempo, se encargan de verificar el cumplimiento ante las autoridades y administran los fondos transferidos.
 
Pero en el camino, pasan cosas: dificultades vinculadas con la lejanía de las ventanillas del Estado, las instituciones educativas o sanitarias; con la informalidad laboral de las jefas de hogar o con la responsabilidad exclusiva de las tareas de cuidado no remuneradas, son algunas de las situaciones que hacen menos accesible o más tediosa la posibilidad de percibir las asignaciones.
 
"En algunos casos sucede que las familias cumplen con los requisitos, pero no alcanzan a llevar los papeles correspondientes y por eso se procede a la suspensión del pago", agregó Karczmarczyk.
 
En este contexto, el informe apuesta a una eliminación de estas corresponsabilidades, que en el caso de la AUH implica una acreditación anual de escolarización y controles de salud de los niños presentando, debido a que  "la evidencia no es concluyente respecto de si el efecto sobre variables educativas y de acumulación de capital humano se debe al ingreso adicional que reciben los niños, niñas y adolescentes o a la condicionalidad".
 
Pero mientras se sostenga el esquema de corresponsabilidad, para el Cippec "es fundamental eliminar la disposición que suspende la prestación por no verificación de cumplimiento". Según el análisis,  más de 300.000 titulares hayan sido suspendidos a julio de 2019 y los costos información y gestión para ser dados de alta nuevamente "son altísimos para las familias, que a menudo se enteran de la suspensión recién cuando intentan retirar el dinero y no pueden".
 
Sobre este punto, la coautora del proyecto agregó en diálogo con este medio: "Entendemos que debería ser un proceso gradual y que como paso intermedio sería deseable avanzar en la automatización de estas corresponsabilidades y que la constatación del cumplimiento se realice de forma automática con sistemas de información coordinados del Estado".
 

La digitalización

Otra medida con perspectiva de género es el fomento de la utilización de billeteras digitales ya que representan "una forma de reducir el tiempo que dedican las mujeres a gestionar el programa".

Además, genera "ahorros al Estado dado que no tiene que pagar por las transferencias vía correo o las tarifas de los bancos tradicionales" en tanto que en caso de que se combine con una estrategia de promoción del uso de aplicaciones en los puntos de venta locales, "contribuiría a que el dinero de las transferencias permanezca en el canal formal de la economía".

El IFE que entrega Anses desde el inicio de la pandemia como ayuda económica para reducir el impacto del coronavirus representó una experiencia de salto hacia la digitalización. De acuerdo a datos oficiales cerca de 500.000 personas cobraron el IFE a través de la Cuenta DNI del Banco Provincia, y las descargas de app móvil llegaron a cerca de 1.500.000.

Sin embargo, más del 41% de la población que lo recibió lo hizo a través del correo o de links de pago en las redes Banelco y Link, incluso a pesar de que cerca del 54% tiene clave única bancaria (CBU).

 

Los niños, niñas y adolescentes: sujetos de derecho

El grave escenario de pobreza en la niñez del país expone a los niños, niñas y adolescentes a una situación de vulnerabilidad extrema. Para el organismo, "el ejercicio de derechos" de la infancia "está fuertemente condicionado por la disponibilidad de recursos de la familia que les tocó en suerte".
 
"Garantizar que los niños y niñas crezcan en los mejores contextos posibles genera resultados positivos en la adolescencia y en la edad adulta", indica el informe y reflexiona: "Las transferencias de ingreso son uno de los instrumentos principales que tiene el Estado para cumplir con su responsabilidad como garante último de los derechos de niñas, niños y adolescentes".

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Eugenia Muzio

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