Las leyes no son mágicas. Aun cuando sean buenas las intenciones, si son tan complejas, como la actual Ley de Salud Mental, pueden generar diferentes opiniones. Son capaces de abordar cuestiones muy positivas, pero otras perfectibles. Cualquier dogmatismo de las ideas o posicionamiento corporativo desde una incumbencia profesional en particular puede ser peligroso, con fuerte impacto en las personas y en la comunidad. 


El concepto de salud mental abarca al de salud en general, que es el bienestar físico, mental y social de las personas, pero además atraviesa una serie de factores incluyendo los derechos, el bienestar sociocultural, así como la calidad de atención. No es un concepto contrapuesto al de la enfermedad mental. Es decir, la salud mental puede verse afectada aun no padeciendo una enfermedad psiquiátrica.

En las problemáticas mentales existen varias situaciones que complejizan la cuestión, probablemente mucho más que en otras áreas de la salud. Una de ellas es que implica la posibilidad de restricción de la libertad de personas; a partir del cuadro de riesgo inminente para sí o para terceros, pudiendo caer en abusos, aunque también en displicencia ante el riesgo que pueden correr otras personas; como la familia o las personas que tomen contacto. Otro punto clave es que las personas afectadas se encuentran con gran vulnerabilidad, pues muchas veces padecen de situaciones disfuncionales cognitivas o de trastornos del juicio de la realidad.

Derechos de los pacientes

Las leyes de salud mental deben ser, ante todo, legislaciones de derechos humanos; priorizando primero y especialmente los derechos de las personas. La Ley de Salud Mental que fue votada en nuestro país hace 10 años tiene todavía puntos sin resolver. Es una ley que primeramente ha servido, enhorabuena, para ordenar los derechos de los pacientes. Así, revisiones de internaciones, insanias, apoyo social y legal de los pacientes, así como la incorporación de actores transdisciplinarios ayudaron en mucho en pos de los derechos de las personas con problemas de salud mental.

A estas personas que requieren de asistencia de salud mental se le asignan diferentes nombres. Existen discusiones sobre si son “pacientes” o “usuarios”. Creo que para la comunidad médica la palabra “usuario” no resulta feliz. Si buscamos sinónimos de la palabra usuario encontraremos: utilizador, consumidor, cliente. El término “cliente”, concepto muy aceptado en el derecho o detrás de un escritorio, resulta muy complejo en el ámbito de la salud.

Entonces, la Ley de Salud Mental contempla los derechos de los pacientes, siendo de gran ayuda, pero podríamos decir que contiene otros temas que comienzan a generar una gran discusión. Uno de ellos es inmiscuirse en la incumbencia profesional, existiendo leyes de incumbencia de psiquiatras y de psicólogos. Dentro de este punto de conflicto es grave la exclusión del médico en la internación por problemáticas salud mental y/o internación psiquiátrica, ya que pueden realizarse internaciones sin una participación de un médico y/o médico psiquiatra. Esta situación cual pone en gran riesgo al paciente y a los profesionales firmantes de este acto tan complejo. 

Existen múltiples causas médicas que pueden aparecer en forma aguda, generando patologías en las conductas de las personas, como las encefalitis agudas, tumores, hematomas subdurales, accidentes cerebrovasculares, demencias rápidamente progresivas, entre muchas otras enfermedades.

Diagnóstico e internación


No es saludable ni correcto prejuzgar el acto de diagnóstico médico que llevará a la posibilidad de una internación urgente, que podría ser en diferentes áreas (neurología, clínica, terapia intensiva, salud mental), dependiendo la patología de base del paciente con riesgo conductual inminente. La discriminación y prejuzgamiento sobre el médico psiquiatra se basa en conceptos de mediados del siglo pasado, como por ejemplo el del médico inglés David Cooper, autor de “Psiquiatría y antipsiquiatría”, quien consideraba a esta rama de la medicina un “instrumento capitalista para el disciplinamiento social”. 

Ha avanzado tanto la neurociencia y las hegemonías en el mundo que esa idea pareciera un chiste de mal gusto. Si no fuera porque la mencionada ley en su artículo 12 prejuzga al médico diciendo que no se puede medicar como “castigo”. Otro punto que olvida el juramento hipocrático que realizan los médicos es la formulación que plantea que el paciente a “no ser sometido a trabajos forzados” (art.7).

Diagnóstico y terapias 

El médico psiquiatra cumple un rol clave en el componente de diagnóstico, terapéutico, preventivo y de rehabilitación de todas las posibilidades médicas que afectan la conducta y la cognición de las personas. Es una de las áreas de las ciencias médicas que más se revolucionó en los últimos años, a expensa del desarrollo de los estudios y descubrimientos del cerebro.

Han cambiado fuertemente los paradigmas de la neurociencia y es necesario de un conocimiento científico de altísima complejidad (neuroimágenes, exámenes sanguíneos, electroencefalografía, examen neurológico, entre otros). ¿Cómo no va a participar un médico en la toma de decisión más importante que es la internación y que variará según el diagnóstico? ¿Quién se anima a realizarla sin la pericia (expertise) médica? ¿Qué consecuencias tendrá para los pacientes, para los profesionales intervinientes? ¿Cuánto afectará la seguridad de la sociedad

Otra cuestión establecida en la Ley de Salud Mental del año 2010 es que a esta altura no deberían existir más clínicas ni hospitales psiquiátricos en el país. Es otro aspecto controvertido de la ley en su artículo 27. No han sido remplazadas las camas de internación, ni se han generado las suficientes casas de medio camino. Además, se prejuzga sobre la multidisciplinariedad con la que ya cuentan muchas clínicas monovalentes con claros protocolos de psico-socio-rehabilitación. El problema no pasa por ser monovalentes o polivalentes: pasa por trabajar correctamente. El hospital general no garantizará nada si no se piensa en la resocialización. El solo cierre de camas generará personas en condición de calle con riesgo para sí o terceros. 

En tiempo de pandemia observamos además las dificultades que se generan en los hospitales generales, donde por ejemplo abundan infecciones intrahospitalarias y en este momento el Covid-19. Ninguna internación es una situación feliz, siempre se podrán encontrar problemas, tanto en instituciones monovalentes como en hospitales generales.
Si los profesionales y la conducción trabajan correctamente, respetando los derechos de los pacientes teniendo como objetivo central la psico-socio-rehabilitación, el trabajado será correcto.

El cierre de camas, prejuzgando a instituciones monovalentes, muchas de ellas con un reconocido trabajo en resocialización, dejará a mucha gente en condición de calle.
Se han escuchado conceptos como “hegemonía médica” o “medicalizar”. Es injusta la discriminación a los médicos que día a día trabajan en prevención primaria poniendo muchas veces en riesgo su vida y la de su familia en condiciones hostiles y por magros sueldos. Cientos de psiquiatras y médicos fueron exiliados y cientos de estudiantes de medicina fueron desaparecidos.

Lxs médicxs y lxs médicxs psiquiatras no merecen este destrato, discriminación y prejuzgamiento en que incurre esta ley. No se puede en pos de una correcta defensa del derecho del paciente incurrir en discusiones corporativas y de incumbencias que pueden afectar el correcto tratamiento de este tema. Trabajar mancomunadamente la interdisciplina y el impacto social de la salud mental con respeto y tolerancia es la única manera real de reconocer los derechos de las personas.

* Titular y Director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Facultad de Medicina. UBA- Director del Instituto de Derecho y Salud. UNLZ

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