El expediente judicial por presunto lavado de activos en la compra de una lujosa casaquinta en Pilar entró en una fase clave. El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky levantó el secreto de sumario y ordenó avanzar sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir y sostener el inmueble, una propiedad atribuida en la investigación a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La decisión se apoyó en un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial, que solicitó profundizar la pesquisa sobre el denominado delito precedente del lavado de dinero. El eje quedó puesto en reconstruir la trazabilidad tributaria, societaria y financiera de las operaciones vinculadas a la finca de Villa Rosa y a otras dos propiedades ubicadas en un barrio privado.

La DGI como auxiliar de la Justicia

En ese marco, Aguinsky convocó a una reunión de trabajo al titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, con el objetivo de definir el mecanismo de recolección y análisis de documentación contable y societaria considerada relevante para la causa.

El juez solicitó al organismo fiscal un informe técnico, económico y financiero sobre la red de sociedades ligadas a la propiedad. El pedido alcanza a Real Central SRL, actual titular formal de la casaquinta, y a otras firmas vinculadas a la operatoria, entre ellas Malte SRL —anterior propietaria del inmueble—, Soma SRL, Wicca SAS y Mendoza Wines.

El informe apunta a identificar la eventual existencia de un delito detrás de la marcada asimetría entre los perfiles económicos declarados de los propietarios formales y las características del predio, que cuenta con helipuerto, haras de caballos e instalaciones deportivas.

Los imputados y el descargo

Los principales imputados son Luciano Pantano, monotributista, y su madre Ana Conte, jubilada, ambos integrantes de Real Central SRL. Figuran como compradores de la casa de Villa Rosa y de otras dos viviendas en Ayres del Pilar.

El lunes próximo deberán realizar un descargo ante el juez, que podrá ser escrito o mediante videoconferencia, en los términos del artículo 73 del Código Procesal Penal de la Nación. Será la primera vez que ambos expliquen formalmente su versión de los hechos en el expediente.

La línea investigativa central apunta a establecer quién afronta los gastos operativos de las propiedades: expensas, servicios, seguros, mantenimiento y movilidad. En el caso de Ayres del Pilar, el expediente consignó que las expensas se abonaban en efectivo en una sucursal bancaria.

Vehículos, helipuerto y nuevas medidas

Otro foco de la investigación es una flota de 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón del predio. Según consta en la causa, los peajes de esos autos se pagaban con una única tarjeta de crédito. El juzgado ordenó reconstruir el origen de los fondos con los que se cancelaban los resúmenes.

También se solicitó información sobre el helipuerto activo dentro de la quinta, con pedidos de informes para identificar aeronaves, movimientos y pasajeros, con el objetivo de vincular esos traslados con los presuntos beneficiarios reales del inmueble.

Además, el juez requirió filmaciones de cámaras de seguridad en las inmediaciones de la mansión, ante versiones que indicaban que días antes de un allanamiento judicial se retiraron caballos y vehículos del lugar.

Perfil económico incompatible

Pantano figura inscripto como monotributista y registraba deudas bancarias superiores a los $2 millones al inicio de la causa. Su madre, jubilada y trabajadora autónoma, fue beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.

Sin embargo, en mayo de 2024 la sociedad —entonces denominada Central Parks Drinks SRL— aumentó su capital social de $300.000 a $58 millones, cambió su nombre a Real Central SRL y, semanas después, concretó la compra del predio de más de 100.000 metros cuadrados, que se compró por 1.800.000 dólares, un precio que no cierra.

Para los denunciantes, esa secuencia refuerza la hipótesis de una estructura societaria utilizada como pantalla para ocultar el origen de fondos de alto valor económico. Con el levantamiento del secreto de sumario y la habilitación de la feria judicial, la investigación continuará activa durante enero, con la trazabilidad del dinero como eje central.