Las personas que lo requieran podrían designar a uno o más administradores que gestionen su patrimonio y salud en caso de incapacidad o pérdida de autonomía, si avanzara un proyecto de ley de Autoprotección que impulsan un senador justicialista y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

"La iniciativa procura que mientras la persona se encuentre en una situación de incapacidad, se pueda continuar con la gestión de su patrimonio", resumió el presidente del Colegio de Escribanos porteño, Jorge de Bártolo.

De acuerdo con el texto al que tuvo acceso BAE Negocios, el proyecto tiene por objeto la regulación de los actos de autoprotección y de los poderes preventivos de acuerdo a la normativa constitucional y convencional vigente en materia de Derechos Humanos.

Si bien puede incluir decisiones en torno de la salud de la persona incapacitada, son nulas aquellas disposiciones que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas.

El proyecto de ley define a las personas en situación de vulnerabilidad a aquella que, por diferentes circunstancias, entre ellas edad, género, estado físico o mental, discapacidad, condiciones sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentra barreras específicas que le impiden ejercer plenamente sus derechos.

Para esto tiene en cuenta el concepto de discernimiento suficiente, es decir la aptitud de la persona humana de comprender el contenido, alcance y consecuencias del acto concreto a otorgar o en el cual tiene participación.

La iniciativa contempla además el asesoramiento a los responsables que quedarían a cargo de la gestión patrimonial de la persona incapacitada.

Qué es un acto de autoprotección 

De acuerdo con el proyecto de ley, es el acto jurídico personalísimo en el cual la persona expresa su voluntad, de manera fehaciente, mientras cuenta con aptitudes suficientes para ello, sobre materia autorreferentes, para que sea respetada ante la eventual pérdida de su autonomía.

La iniciativa del senador justicialista Ricardo Antonio Guerra contempla el poder preventivo, es decir el acto jurídico unilateral otorgado por una persona humana a favor de una o más personas humanas o jurídicas para que la representen en determinados actos en previsión de la pérdida del discernimiento o autonomía del poderdante. 

La instrumentación de ese acto se realizaría mediante un mandato preventivo, un contrato por el cual una persona humana encomienda a otra u otras personas humanas o jurídicas, y éstas se obligan, a realizar uno o más actos jurídicos, en interés de la primera, en previsión de su pérdida de discernimiento o autonomía. 

Derecho de autoprotección

El proyecto de ley establece que toda persona humana, con discernimiento suficiente, tiene derecho a otorgar actos de autoprotección y poderes preventivos.

El acto de autoprotección puede contener directivas anticipadas sobre materias autorreferentes como la salud del otorgante, su cuidado personal y las personas designadas al efecto, su lugar de residencia, su patrimonio, la designación del propio apoyo o curador y la de una o más personas para que lo representen y hagan cumplir la voluntad expresada incluso en lo referente a su identidad digital.

El poder preventivo puede contener facultades amplias o especiales de acuerdo a la voluntad del otorgante, incluidas facultades patrimoniales, condiciones e instrucciones para el ejercicio de las facultades otorgadas, salvaguardas para evitar abusos, conflicto de intereses o influencia indebida y prever formas específicas de extinción.

En el caso del poder preventivo en sentido estricto,el apoderado podrá ejercer las facultades conferidas únicamente a partir de la pérdida de discernimiento o autonomía del poderdante, en la forma y condiciones previstas en el mismo instrumento, las que se deberán acreditar fehacientemente

El poder preventivo con cláusula de subsistencia despliega sus efectos desde el momento del otorgamiento y subsistirá aun cuando dicha situación se produzca.

Cómo se designa al "curador"

El proyecto de ley de Autoprotección posibilita a todas las personas, con discernimiento suficiente, a que puedan designar anticipadamente, en un acto de autoprotección o en un poder preventivo, sus propios apoyos y eventualmente curadores. 

Y también puede establecer exclusiones, en cuyos casos la persona excluida expresamente por el otorgante no puede ser designada en tal carácter.

De acuerdo con el artículo 7 del proyecto de ley, el acto de autoprotección debe ser otorgado por escritura pública, o ante autoridad judicial y puede ser libremente modificado y revocado por quien lo otorgó. El poder preventivo debe ser otorgado por escritura pública.

En ningún caso es necesario la presencia de testigos para el otorgamiento de estos actos, salvo que el requirente, la autoridad judicial o el escribano autorizante así lo soliciten.

Los actos de autoprotección y los poderes preventivos, sus modificaciones y revocaciones, deben inscribirse en los registros que a tal fin funcionan en los colegios notariales de cada jurisdicción.

Los colegios notariales deben garantizar las condiciones que permitan el acceso a estos actos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y la atención especial para el caso de personas que no cuenten con recursos suficientes para ello.