A cuatro años del incendio en el depósito de Iron Mountain en Barracas, que costó la vida de diez personas -más otro bombero que se suicidó en 2016-, familiares, amigos y compañeros reclamaron ayer celeridad a la justicia y alertaron que ninguna persona fue procesada aún por el siniestro, del que dos pericias confirmaron que fue intencional.

"A mi hermano lo recuerdo todos los días. Para nosotras fue un año muy terrible porque a los pocos meses murió mi mamá. Estamos esperando justicia. El año pasado se terminó de tomar indagatoria a todos los imputados, pero lo cierto es que hoy no hay nadie preso", indicó Sandra Barícola, hermana de Pedro, uno de los agentes de Defensa Civil fallecidos.

La mujer reclamó además que "la justica no tomó declaración a (Juan José) Gómez Centurión, quien en ese momento era el máximo responsable de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad, y sabemos que si se hubieran hecho los controles nuestros diez héroes no hubieran muerto".

Barícola señaló que esperan que "este año se realicen los procesamientos y se esclarezca el hecho", y aseguró que "yo voy a seguir pidiendo justicia, porque a mi hermano lo asesinaron y hay un tema de lavado de dinero en el medio".

Las sirenas de las autobombas sonaron a la hora en que se produjo el trágico derrumbe

Por su parte, Ricardo Martínez, padre de Maximiliano, quien era bombero de la Policía Federal, también se mostró esperanzado en que "este año haya algún condenado" y afirmó que "cuando se haga justicia mi hijos, sus compañeros y todas las familias vamos a estar en paz".

A las 9.15, hora en la que cayó la pared sobre la calle Jovellanos en la esquina de Quinquela Martín y acabó con la vida de estos ocho bomberos y dos rescatistas, sonó la sirena de las autobombas de distintos cuarteles que se acercaron a homenajear a los "Heroes de Barracas", como lo llaman sus familiares y vecinos.

"No queremos una explicación fácil, queremos una justicia clara y digna", expresó por su parte el sacerdote Lorenzo de Vedia, conocido como "Toto", párroco de la Parroquia Virgen de Caacupé en la villa 21- 24 durante la misa que se celebró minutos antes de las 9, y recordó que "además de las diez personas que murieron en el incendio, un joven se quitó la vida después, por lo que es otra víctima directa más".

En la causa que fue caratulada como "estrago seguido de muerte" y tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº18, Pablo Ormaechea, se se encuentran 33 personas imputadas entre los responsables de la firma, y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA.

Las indagatorias se llevaron a cabo durante 2017 y continúarán este mes, tras lo cual se definirá la situación procesal.