El Gobierno de Ecuador ha anunciado un acuerdo con dirigentes indígenas que marca el fin de un prolongado paro en la provincia de Imbabura. Este paro, que se extendió por más de 20 días, fue una respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, generando enfrentamientos entre manifestantes y agentes, con decenas de heridos y detenidos. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que las vías se abrirán y se trabajará en el abastecimiento de la provincia, tras una reunión de más de cuatro horas con representantes de los 58 cabildos indígenas de Otavalo.

Entre las organizaciones que participaron en el encuentro se encuentran la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte de Ecuador (FICI) y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC). Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) no formó parte del acuerdo y denunció una "campaña de desinformación malintencionada". A través de sus canales oficiales, la CONAIE aclaró que su presidente, Marlon Vargas, no se ha reunido con el Gobierno, desmintiendo una imagen falsa generada con inteligencia artificial.

El diario 'Primicias' informó que ambas partes acordaron designar al párroco de San Francisco de Otavalo, Cristian Andrade, como garante del cumplimiento de lo pactado. Los puntos del acuerdo incluyen la creación de mesas técnicas territoriales para abordar problemas comunitarios como el suministro de agua, infraestructuras viales, salud y educación. Además, se acordó el traslado a Ibarra de 12 detenidos por el ataque a un cuartel de la Policía de Otavalo y la apertura de las carreteras.

Los dirigentes indígenas también propusieron alternativas a la eliminación del subsidio al diésel, sugiriendo al menos congelar el precio del combustible. En una rueda de prensa recogida por el diario 'El Comercio', instaron a las autoridades a responsabilizar a los culpables del "asesinato de nuestros compañeros". Este acuerdo representa un paso significativo hacia la resolución de conflictos y la mejora de las condiciones de vida en las comunidades afectadas.