Amnistía Internacional denunció al municipio de San Isidro por presuntas restricciones al acceso al aborto legal y presentó una demanda judicial para que se deje sin efecto un protocolo que, según sostiene la organización, incorpora requisitos no previstos en la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La entidad afirmó que el Hospital Materno Infantil de San Isidro aplica una directiva que obliga a las pacientes a atravesar instancias adicionales de consejería y evaluación antes de acceder a la práctica, aun cuando ya hayan recibido información médica y tomado una decisión.

"Ningún municipio puede estar por encima de la ley", señaló Amnistía Internacional en una publicación difundida en redes sociales. Según la organización, las medidas implementadas por el municipio "generan barreras, demoras y ponen en riesgo derechos que deben ser garantizados".

La denuncia se conoció luego de una investigación periodística de CNN y de una acción judicial impulsada por la organización. De acuerdo con Amnistía, el propio municipio confirmó la existencia de un protocolo que establece procedimientos y requisitos adicionales a los contemplados por la legislación nacional.

Los testimonios sobre trabas en el acceso al aborto legal en San Isidro

Entre los testimonios difundidos por la entidad figura el de Ana, una mujer que acudió al hospital para acceder a un aborto legal. Según relató, pese a haber recibido información médica previa y tener una decisión tomada, le exigieron participar de una nueva consejería.

"Ana llegó con una decisión tomada. Tenía tres hijos y no quería continuar con el embarazo. Había recibido información médica previa. En el Hospital Materno Infantil de San Isidro, enfrentó múltiples obstáculos. Le dijeron que por 'protocolo' tenía que pasar por una nueva consejería", relata el organismo. 

Amnistía también difundió el caso de Camila, quien aseguró haber sido derivada a un consultorio denominado "Maternidades Vulnerables": "Me mostraron un muñeco, me hicieron llorar. No buscaban escucharme, no buscaban ayudarme. Fue una experiencia muy dolorosa", sostuvo.

Amnistía Internacional afirmó que estos relatos no son casos aislados y que existen múltiples testimonios similares. La obligación de volver a atravesar instancias destinadas a reconsiderar la decisión constituye una barrera para el acceso a un derecho reconocido y va contra la legislación vigente. 

Además, sostuvieron que la existencia de este protocolo coloca a los equipos de salud ante una disyuntiva entre cumplir con las directivas municipales o ajustarse a la normativa nacional.

Por ese motivo, presentó una demanda judicial contra el municipio de San Isidro con el objetivo de frenar la aplicación de la medida. "Las autoridades municipales están obligadas a cumplir la ley nacional. Ningún protocolo local puede imponer barreras que la contradigan", afirmó la entidad.

Hasta el momento, el municipio de San Isidro no difundió una respuesta pública sobre la denuncia presentada por Amnistía Internacional.