El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este jueves el juicio por la causa Cuadernos y avanzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el tramo conocido como "La Camarita", vinculado a la presunta cartelización de la obra pública vial.

Durante una audiencia que se extendió cerca de cinco horas, la querella del organismo antilavado sostuvo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habría recibido 175 pagos ilegales por un total de $171.224.710 y USD 613.000, en un circuito de recaudación que, según la acusación, operó entre enero de 2008 y septiembre de 2010.

Los 175 pagos y el circuito central de recaudación

Según sostuvo la UIF, esos 175 pagos ilegales se habrían efectuado durante ese período y formaron parte de un sistema de retornos asociados a contratos de obras y servicios públicos. De acuerdo con la acusación del organismo, los sobornos se habrían entregado a Daniel Muñoz, fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner.

Para la querella, el esquema quedó documentado a partir de distintos elementos probatorios, entre ellos un archivo de Excel aportado por el financista Ernesto Clarens, con un listado detallado de fechas y montos de cada una de las entregas.

En esa misma línea, la UIF afirmó que existió un "acuerdo espurio" entre funcionarios y empresarios que permitió sostener durante años un mecanismo de recaudación ilegal vinculado a la obra pública.

El andamiaje administrativo y los roles asignados

Durante la lectura del requerimiento, se describió un entramado que, según la interpretación de la UIF, se apoyó en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti. En ese esquema, los anticipos financieros variaban entre el 10% y el 20% del monto de las obras o, cuando no se concretaban, se fijaban sumas equivalentes a certificados de obra.

Para la UIF, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, habría tenido un rol central en la implementación del sistema desde la cartera que conducía. Su segundo, José López, habría sido el encargado de coordinar el esquema; Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, habría intervenido en su ejecución; y el circuito se habría completado con la participación de Clarens, señalado como recaudador de los fondos.

Según la acusación, el sistema habría funcionado de manera "aceitada y piramidal" y habría tenido como destinatarios finales a Néstor y Cristina Kirchner, en el sentido de beneficiarios últimos del esquema de recaudación ilegal, de acuerdo con la interpretación del organismo querellante.

JCR S.A. y otro tramo del expediente

En paralelo al período 2008–2010, el requerimiento de elevación a juicio también analizó otros tramos del expediente. Entre ellos, se destacó el caso de la empresa JCR S.A., de la familia Relats, a la que se le atribuyen 40 pagos ilegales por $85.493.691 entre 2011 y 2013.

Según la acusación, durante ese mismo período la firma habría sido beneficiada con 44 obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad por más de $5.294 millones, la mayoría de ellas otorgadas de manera exclusiva. En la presentación de la UIF, este tramo aparece descripto como parte del esquema general investigado, sin que se indique que esos pagos integren el conteo de los 175 mencionados para el período anterior.

Vínculos comerciales y el complejo Los Sauces

El requerimiento también destacó el vínculo comercial entre los Kirchner y el Grupo Relats a través del complejo hotelero Los Sauces. Víctor Manzanares, excontador del matrimonio presidencial, declaró como imputado colaborador y afirmó que el alquiler del hotel funcionó como uno de los principales mecanismos de ingreso para el patrimonio familiar.

Según sus dichos ante la Justicia, el grupo alquiló el complejo durante 11 años por un canon mensual cercano a los 90.000 dólares, lo que habría generado entre 10 y 11 millones de dólares "en blanco".

Asociación ilícita y calificaciones legales

La secretaría del Tribunal Oral Federal 7 dio lectura a la elevación a juicio presentada por la querella de la UIF, en la que se sostiene: "La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández", quienes ocuparon la Presidencia de la Nación entre 2003 y 2015.

Además de la descripción de los delitos atribuidos a los imputados, en esa presentación se expusieron los concursos entre la figura de asociación ilícita y los distintos planes delictivos. Desde la fiscalía se afirmó que existen elementos suficientes para considerar que los delitos deben ser concursados, es decir, sumados entre sí.

En ese marco, se atribuyeron responsabilidades como coautores a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Ernesto Clarens, entre otros acusados.

Testimonios, pruebas y continuidad del juicio

En audiencias anteriores se completó la lectura de las declaraciones de seis colaboradores considerados clave: Patricio Gerbi, el fallecido Juan Chediack, Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio, Ángelo Antonio Calcaterra y Marcela Edith Sztenberg.

Posteriormente, el tribunal avanzó con el análisis de las evidencias reunidas por el fiscal Carlos Stornelli en su pedido de elevación a juicio presentado en noviembre de 2019 ante el entonces juez Claudio Bonadío.

Este tramo del proceso, desprendido del expediente principal de la causa Cuadernos, se centra en los registros del chofer Oscar Centeno, las irregularidades detectadas en contratos ferroviarios y viales y la presunta cartelización de obras civiles vinculadas al sector de empresas viales. El expediente también involucra a otros empresarios acusados de cohecho activo, señalados por la acusación como parte del mismo esquema de recaudación ilegal investigado en este tramo de la causa.

El juicio comenzó el 6 de noviembre con la lectura de los requerimientos fiscales y continúa con el análisis de autorías, pruebas y calificaciones legales.