Los docentes y no docentes de las universidades públicas iniciarán este miércoles un paro nacional de 72 horas para reclamar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La medida se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y tendrá impacto en distintas universidades y establecimientos educativos dependientes de ellas.

La protesta fue definida por las organizaciones gremiales del sector y también alcanzará a la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los sindicatos condicionaron el levantamiento de la medida al cumplimiento de la normativa y de la resolución judicial que ordenó al Gobierno avanzar con su aplicación.

El conflicto llega a este nuevo paro cuando ya se acumulan 35 jornadas sin clases en lo que va del año, según datos difundidos por los gremios. La huelga forma parte, además, de un plan de lucha que tendrá como próximo punto central la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre.

Qué reclaman los docentes universitarios

El principal reclamo apunta a la recomposición salarial del 33,4% contemplada por la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, además del pago del retroactivo correspondiente. Los trabajadores también exigen la aplicación de las partidas previstas para becas estudiantiles.

Por ahora, los sindicatos aseguran que no hubo avances en una negociación con el Ejecutivo. La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, afirmó que ningún funcionario del Gobierno se comunicó con ellos y sostuvo que no tienen expectativas de que la administración de Javier Milei aplique la normativa.

Los gremios señalaron que el único incremento previsto hasta el momento es el 3% adicional anunciado para octubre, correspondiente a los haberes de septiembre. Consideran que ese porcentaje no resuelve el atraso salarial que reclaman.

La intimación de la Justicia al Gobierno

La protesta coincide con el vencimiento del plazo otorgado por la Justicia al Poder Ejecutivo. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 notificó el 21 de septiembre una resolución que ordenó cumplir en cinco días hábiles la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

El plazo vence este miércoles 30 de septiembre y alcanza a los artículos 5 y 6 de la norma, relacionados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y con las becas estudiantiles.

Carboni señaló que, hasta el momento, el Gobierno no habría cumplido con la totalidad de lo ordenado. También indicó que circuló la versión de que el Ejecutivo había apelado la resolución, aunque afirmó que esa presentación todavía no había sido formalizada.

La dirigente advirtió además que, si no se cumple con la cautelar, podrían comenzar a acumularse multas, mientras los gremios esperan una definición oficial sobre los próximos pasos del Gobierno.

El reclamo suma actividades en la UBA

Además del paro, las universidades prepararon distintas actividades para visibilizar el conflicto. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA habrá una jornada abierta a la comunidad entre las 9 y las 19, con asesoramiento para emprendedores, orientación para prevenir estafas, resolución de deudas, asistencia para cumplir obligaciones fiscales y análisis de recibos de sueldo, entre otras propuestas.

Para este jueves también está previsto un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina. Los gremios evalúan, además, instalar una radio abierta y organizar actividades destinadas a quienes quieran acercarse a las universidades.

La medida de fuerza cuenta con el respaldo de CONADU y CONADU Histórica, mientras que otras organizaciones del sector, como FATUN, ADUBA, APUBA, Feduba y UTE, mantienen distintas acciones de protesta.

El presupuesto universitario, otro punto de conflicto

La disputa salarial se superpone con la discusión por los recursos que tendrán las universidades públicas el próximo año. Según los datos difundidos por los gremios, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla $7,3 billones para las universidades, mientras que los rectores reclaman alrededor de $11 billones para cubrir las necesidades del sistema.

Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que cerca del 90% de los recursos solicitados corresponde a salarios docentes y no docentes. El resto está destinado a gastos de funcionamiento, infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios.

La diferencia entre lo previsto en el proyecto oficial y lo reclamado por las universidades mantiene abierto el conflicto, que tendrá un nuevo capítulo el 15 de octubre con la quinta Marcha Federal Universitaria.