La Audiencia Nacional de España ha comenzado el juicio contra Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat catalana, y su familia, acusados de formar una presunta organización criminal para enriquecerse ilícitamente. El tribunal, presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, evaluará las acusaciones de asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsificación de documentos mercantiles. La Fiscalía ha solicitado penas severas, destacando los 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor, y multas que superan los 6,5 millones de euros.

El juicio se centra en el supuesto uso de la posición política privilegiada de Pujol para obtener beneficios económicos indebidos. Según la acusación, Pujol habría tejido una red de clientelismo durante su mandato, beneficiando a empresarios afines a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en concursos públicos. La defensa de Pujol argumenta que el ex presidente, a sus 95 años, no está en condiciones de asistir al juicio debido a problemas de salud, incluyendo un trastorno neurocognitivo mayor.

El caso ha generado gran expectación, ya que se espera la comparecencia de más de 200 testigos, incluyendo figuras políticas y empresariales. La investigación, que comenzó en 2020, reveló que la familia Pujol habría acumulado un patrimonio desmedido a través de actividades corruptas. El juicio busca esclarecer el papel de cada miembro de la familia en este entramado, así como el de los empresarios acusados de colaborar con ellos para ocultar los pagos ilícitos.

El magistrado José de la Mata, quien lideró la investigación, señaló que las actividades corruptas de la familia Pujol coincidieron con el mandato de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, extendiéndose incluso después de su salida del cargo. La defensa de Pujol ha presentado informes médicos para justificar la ausencia del ex presidente en el juicio, argumentando que su estado de salud le impide participar activamente en el proceso judicial.