El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó el pedido presentado por la defensa de Agostina Páez para que pueda regresar a la Argentina mientras avanza la causa por injuria racial y solicitó al juez que fije la audiencia de instrucción y juicio oral.

En el dictamen firmado por la fiscal Fabiola Souza Tardin Costa, la acusación sostuvo que autorizar el regreso de la imputada "comprometería la regularidad de la persecución penal" y debilitaría los mecanismos de control jurisdiccional.

Además, pidió que el proceso continúe "con la mayor brevedad posible, en nombre del principio del derecho a un juicio rápido".

Los argumentos de la Fiscalía

La defensa había solicitado que Páez pudiera regresar a su país en virtud del Tratado de Transferencia de Personas Condenadas entre Argentina y Brasil, con el objetivo de enfrentar el proceso desde allí o cumplir una eventual pena en territorio argentino.

La Fiscalía rechazó esa interpretación. Señaló que el tratado resulta aplicable una vez que existe condena definitiva y con la aceptación de ambos Estados y de la persona condenada.

"La autorización para que la acusada regrese a su país de origen, permaneciendo fuera del territorio nacional durante la instrucción penal, compromete la regularidad de la persecución penal y debilita los mecanismos de control jurisdiccional", sostuvo el Ministerio Público.

El dictamen también advirtió que el regreso a la Argentina podría generar demoras, dificultades operativas e incertidumbre sobre la eficacia de la jurisdicción, en especial ante la eventual necesidad de realizar actos procesales o ejecutar una pena.

Cuestionamientos sobre las pruebas

La defensa de Páez objetó la validez del expediente y planteó supuestas irregularidades en la cadena de custodia de los videos y registros audiovisuales obtenidos en el bar donde ocurrieron los hechos.

El Ministerio Público desestimó ese planteo y afirmó que no se acreditó manipulación ni recolección irregular de las pruebas. Además, indicó que la acusación no se sustenta en un único registro, sino en un conjunto de testimonios y material audiovisual.

Según el dictamen, el Código Procesal Penal brasileño exige que la acusación describa con claridad los hechos, identifique a las víctimas y determine la figura legal aplicable, requisitos que -según la Fiscalía- se cumplen en este caso.

La causa investiga a Agostina Páez por el delito de injuria racial, tipificado en Brasil como una forma de racismo tras la modificación introducida por la Ley 14.532/2023. La figura prevé una pena de 2 a 5 años de prisión, con un régimen más estricto que el de una ofensa común.

La imputación por injuria racial

La defensa argumentó que no existió dolo, es decir, intención de cometer el delito, y sostuvo que la acusada habría actuado por desconocimiento cultural de la normativa brasileña.

La Fiscalía rechazó esa explicación y señaló que, de acuerdo con las pruebas reunidas, la acusada fue advertida en el momento sobre la ilegalidad de su conducta y "persistió y agravó sus expresiones en la vía pública".

El Ministerio Público recordó que, tras la sanción de la Ley 14.532/2023, la injuria racial pasó a considerarse una forma de racismo en la legislación brasileña, lo que implica un tratamiento penal más severo.

Actualmente, la acusada transita el proceso en libertad condicional, bajo monitoreo con tobillera electrónica, y mantiene la prohibición de salir del territorio brasileño. El expediente se encuentra en etapa de instrucción y la Fiscalía solicitó formalmente la designación de la audiencia de instrucción y juicio, paso previo a la apertura del debate oral.

Situación procesal

Agostina Páez permanece en Río de Janeiro desde enero. Transita el proceso en libertad condicional, con tobillera electrónica y prohibición de salir del país.

La fiscalía solicitó la continuación regular del proceso y la designación de la audiencia correspondiente. El juez aún no resolvió ese planteo.

El expediente se originó tras la viralización de videos en los que se observa a la acusada realizando gestos contra empleados de un bar en Ipanema. La causa continúa en etapa de instrucción.