La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un llamado urgente al Gobierno de El Salvador para que tome medidas inmediatas en la protección de los derechos humanos de dos opositores encarcelados. Estos son el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza y la jefa de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de la Fundación Cristosal, Ruth López. Ambos se encuentran en prisión e incomunicados, lo que ha generado una profunda preocupación por su bienestar y estado de salud.

La CIDH ha otorgado medidas cautelares tras considerar que los opositores están en una "situación de gravedad y urgencia". Según el comunicado, sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable. Anaya, encarcelado desde junio, permanece incomunicado, sin que sus familiares y abogados tengan conocimiento de sus condiciones de detención o estado de salud, a pesar de las decisiones judiciales a su favor.

Por su parte, las autoridades salvadoreñas aseguran que Anaya tiene permitido recibir alimentos especiales conforme a sus requerimientos de salud, proveídos por sus familiares. Sin embargo, no se han presentado pruebas de un "riesgo real a la integridad física o mental" que no pueda ser prevenido o reparado por los mecanismos nacionales. En el caso de López, arrestada en mayo, se encuentra en el Centro Penitenciario para Mujeres Granja de Izalco, también incomunicada y sin contacto con sus familiares ni representantes legales.

La situación de incomunicación absoluta de ambos opositores ha generado incertidumbre sobre su situación actual y estado de salud. La CIDH ha subrayado la necesidad de que el Gobierno salvadoreño actúe de manera diligente para garantizar la protección de sus derechos humanos, destacando la importancia de la transparencia y el acceso a la información sobre su estado.