La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la competencia de la Justicia argentina para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al rechazar un nuevo pedido de nulidad y de exención de prisión presentado por Justo José Noguera Pietri, ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y exdirigente del régimen de Nicolás Maduro.

Al igual que Maduro y su principal aliado político, Diosdado Cabello, Noguera Pietri cuenta con pedido de captura internacional librado por la Justicia argentina desde 2024, en el marco de una causa que investiga violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El impacto de la captura de Maduro

La decisión judicial se conoce días después de que Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos en Caracas, para ser juzgado por narcotráfico en ese país. Tras ese hecho, la querella y el fiscal federal Carlos Stornelli solicitaron al juez federal Sebastián Ramos que avance con el trámite de extradición de Maduro en la causa argentina por delitos de lesa humanidad.

La causa en Argentina

Bajo el principio de jurisdicción universal, la Justicia argentina investiga desde hace años ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil venezolana, cometidos al menos desde 2014 y atribuidos a la cúpula del poder político y militar del chavismo.

La Cámara Federal analizó una apelación presentada por la defensa de Noguera Pietri, que reclamaba la nulidad de toda la causa y solicitaba su eximición de prisión. Ambos planteos ya habían sido rechazados por el juez Ramos en noviembre pasado.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ratificaron ahora esa decisión, reafirmaron la aplicación del principio de justicia universal y volvieron a negar cualquier beneficio que le permita eludir una eventual detención.

Rechazo a los planteos de la defensa

La defensa del exjerarca chavista, a cargo del abogado Fernando Sicilia, sostuvo que la Justicia argentina no es competente y que el único ámbito válido para investigar los hechos sería la Corte Penal Internacional (CPI).

Sin embargo, los jueces recordaron que esa cuestión ya fue resuelta en un fallo previo del mismo tribunal en 2024, cuando se confirmó la competencia de la jurisdicción argentina para avanzar en la investigación y el juzgamiento de los hechos denunciados.

No obstante, aclararon que esa competencia podría revisarse en el futuro si se comprobara la existencia de procesos efectivos en la CPI, para evitar una doble persecución penal.

Protección de las víctimas

La Cámara sí hizo lugar a un planteo de la querella, representada por Waldo Wolff y el abogado Tomás Farini Duggan, del Foro Argentino por la Democracia en la Región. En ese punto, revocó una decisión que había permitido a la defensa de Noguera Pietri acceder parcialmente al expediente antes de su declaración indagatoria.

Los querellantes advirtieron que esa medida podía poner en riesgo la integridad física de las víctimas, al dejarlas expuestas frente a un imputado que integró los más altos niveles del poder venezolano.

Delitos de extrema gravedad

En su resolución, Bruglia y Bertuzzi subrayaron que "los hechos denunciados revisten características de extrema gravedad", ya que implican violaciones a derechos humanos fundamentales, lo que habilita su protección universal sin dilación.

Además, ratificaron la negativa a conceder la exención de prisión solicitada por Noguera Pietri, al señalar que permanece en libertad en Venezuela, seguiría vinculado a estructuras de poder y enfrenta una alta expectativa de pena, factores que tornan improcedente ese beneficio.

Un plan sistemático bajo investigación

La causa avanzó de manera decisiva el 25 de septiembre de 2024, cuando el juez Sebastián Ramos ordenó la declaración indagatoria de Maduro y Diosdado Cabello y libró órdenes de detención internacional con fines de extradición. La medida alcanzó a una decena de imputados, entre ellos Noguera Pietri.

Todos están acusados como presuntos responsables de un "plan sistemático" diseñado desde lo más alto del poder venezolano para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones, delitos que la Justicia argentina considera alcanzados por los estándares internacionales de lesa humanidad.