La mortalidad infantil en Argentina volvió a crecer en 2024 y encendió una señal de alerta en uno de los indicadores más sensibles para medir las condiciones de vida y el desempeño de las políticas públicas. 

Según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), la tasa de mortalidad infantil pasó de 8 de cada 1.000 nacidos vivos en 2023 a 8,5 en 2024, durante el primer año completo del gobierno de Javier Milei. El incremento, del 6,25%, representa el mayor salto anual desde 2002 y marca un quiebre en una trayectoria de descenso que llevaba más de una década.

El dato refleja de manera directa la calidad del sistema de salud, el acceso a controles durante el embarazo, las condiciones socioeconómicas y la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos. En Argentina, su evolución histórica estuvo estrechamente ligada a los distintos modelos económicos. 

Los períodos de expansión del empleo, fortalecimiento del sistema sanitario y ampliación de políticas sociales coincidieron con descensos sostenidos del indicador. En sentido inverso, los ciclos de ajuste y desinversión estatal mostraron impactos negativos.

Qué mide la mortalidad infantil

La tasa de mortalidad infantil expresa la cantidad de niñas y niños que mueren antes de cumplir un año de vida por cada 1.000 nacimientos registrados en un período determinado. Incluye dos componentes: la mortalidad neonatal, que abarca las defunciones ocurridas entre el nacimiento y los primeros 28 días de vida, y la posneonatal, que comprende las muertes desde el día 29 hasta el primer año.

El riesgo de muerte es mayor en el período neonatal, donde se concentra cerca del 60% de las defunciones infantiles. En esa etapa pesan especialmente los controles del embarazo, la atención del parto, la salud de la persona gestante y la disponibilidad de cuidados adecuados para el recién nacido. En el tramo posneonatal, en cambio, adquieren mayor relevancia las condiciones ambientales y socioeconómicas.

Durante los años noventa y el inicio de los 2000, la mortalidad infantil mostró retrocesos asociados al deterioro social y sanitario. Entre 2001 y 2002, la tasa pasó de 16,3 a 16,8 por mil. A partir de 2003, la combinación de mayor empleo, mejoras salariales, políticas de transferencia de ingresos como la AUH y la AUE, la ampliación del calendario nacional de vacunación y planes específicos de reducción de la mortalidad materno-infantil permitió una baja sostenida: entre 2002 y 2015 el indicador se redujo un 42%, hasta ubicarse en 9,7.

Esa tendencia solo se interrumpió en 2019, último año del gobierno de Mauricio Macri, cuando la tasa subió de 8,8 a 9,2 tras doce años de descensos consecutivos. Durante la pandemia de COVID-19, las medidas de aislamiento y la menor circulación de virus respiratorios incidieron en una reducción adicional: en 2020 la mortalidad infantil cayó a 8,4, nivel que se mantuvo relativamente estable hasta 2023.

Las estadísticas vitales publicadas por el Ministerio de Salud muestran que 2024 rompe ese equilibrio. El aumento de medio punto no solo destaca por su magnitud reciente, sino porque no tiene antecedentes similares en las variaciones porcentuales registradas desde 1990. 

El fenómeno tampoco se limita al promedio nacional: solo 9 de las 24 jurisdicciones lograron sostener la tendencia a la baja, mientras que 15 provincias registraron aumentos. En cuatro de ellas, el salto superó el 10% interanual, y en otras cuatro fue mayor al 20%, lo que evidencia un patrón de alcance federal.

El desagregado por componentes muestra dónde está el núcleo del problema. Entre 2023 y 2024, la mortalidad posneonatal se mantuvo estable en 2,5 por mil, pero la mortalidad neonatal aumentó de 5,5 a 6 por mil. Es decir, el crecimiento de la mortalidad infantil se explica casi exclusivamente por más muertes en los primeros 28 días de vida.

Este dato es clave porque remite de manera directa a la calidad y accesibilidad de los cuidados perinatales. Las defunciones neonatales suelen estar asociadas a problemas congénitos, partos prematuros y patologías que requieren atención especializada inmediata, además de controles adecuados durante el embarazo.

Políticas perinatales debilitadas

En las últimas décadas, Argentina desarrolló políticas específicas para reducir la mortalidad neonatal, articulando al Ministerio de Salud de la Nación con las provincias. Entre ellas, la provisión de insumos críticos para el parto y el cuidado del recién nacido y la creación de redes de atención para patologías de alta complejidad.

Sin embargo, en los últimos dos años se registraron decisiones que debilitaron ese entramado. El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, creado en 2008 para garantizar derivaciones oportunas, sufrió la desvinculación de parte de su equipo médico a comienzos de 2025. Aunque oficialmente se informó que los circuitos continúan, la pérdida de equipos especializados generó incertidumbre en la resolución de casos.

A esto se sumó la suspensión de la entrega nacional de medicamentos e insumos críticos como el surfactante pulmonar para recién nacidos prematuros, tratamientos para toxoplasmosis congénita o gammaglobulina anti-RH. La transferencia no planificada de responsabilidades a las provincias provocó quiebres de stock, compras de emergencia y mayores desigualdades territoriales. También se discontinuó el Programa de Sueño Seguro, que entregaba moisés para prevenir la muerte súbita del lactante en recién nacidos de alto riesgo.