Delsia Bare e Ida Huddleston parecían adversarias improbables para una de las industrias más poderosas del mundo. Una es una granjera de 54 años, casi ciega por la diabetes; la otra, su madre de 83 años, camina con bastón. Juntas rechazaron USD 26,48 millones por unas 216 hectáreas familiares en Kentucky y se convirtieron en dos inesperadas heroínas de la resistencia rural contra la expansión de los centros de datos para inteligencia artificial.

La compañía le ofreció a Bare USD 48.000 por acre por sus 463 acres, equivalentes a unas 187 hectáreas. A Huddleston le propuso USD 60.000 por acre por otros 71 acres, cerca de 29 hectáreas. La oferta multiplicaba casi por diez lo que madre e hija podían obtener por esas tierras en el mercado. Y, sin embargo, la rechazaron.

La historia, reconstruida por The Wall Street Journal, expone el choque que provocó el proyecto en Maysville, un pueblo de 8.700 habitantes situado unos 96 kilómetros al sudeste de Cincinnati. Para algunos vecinos, el centro de datos representa empleos e inversiones. Para otros, amenaza una forma de vida.

Una fortuna que no alcanzó

Bare y Huddleston aceptaron al principio. Temían que, si se negaban, el comprador recurriera a una expropiación, como ya había ocurrido con parte de sus terrenos durante la construcción de una ruta y dos vertederos.

Después descubrieron que allí se proyectaba un centro de datos para inteligencia artificial de 2,2 gigavatios y dieron marcha atrás. Las tierras habían permanecido en la familia durante casi 200 años.

"Váyanse y no vuelvan", le dijo Bare al representante de la autoridad local de desarrollo económico que negociaba la compra de las tierras en nombre de una empresa todavía desconocida, después de conseguir que se anularan los acuerdos.

Huddleston también se indignó por una cláusula de confidencialidad que le prohibía compartir información "oralmente o por escrito con cualquier otra entidad o persona". Ella no estaba dispuesta a ocultarles el acuerdo a sus vecinos y comenzó a invitarlos a comparar las ofertas recibidas.

Dos heroínas inesperadas

Bare cree que la inteligencia artificial "será la destrucción de la raza humana". Su rechazo también responde a una convicción religiosa.

"Si abandono esta propiedad y se convierte en algo para un centro de inteligencia artificial, habré incumplido mi deber de ocuparla y tendré que responder por eso en la hora del Juicio", sostuvo.

Desde que rechazaron la fortuna, madre e hija -quienes se definen como "campesinas"- se transformaron en figuras de la resistencia rural contra la infraestructura que alimenta el avance de la inteligencia artificial.

Agricultores de distintas zonas de EEUU las llaman para pedirles consejos. Bare recibe cartas de apoyo, posa para fotografías y suele ser reconocida en los supermercados.

"Cuando entro a una tienda, hombres que no conozco se acercan y me abrazan. Me dicen: ‘Te vimos en televisión y dijiste que no a todo ese maldito dinero'", relató.

Un proyecto ligado a Meta

Durante meses, la identidad de la compañía interesada permaneció oculta. Sin embargo, documentos públicos vinculados con el denominado "Proyecto Crisham" aportaron indicios de que Meta podría estar detrás de la iniciativa.

Los documentos incluyen estudios sobre las tierras y solicitudes presentadas por una sociedad cuyo contacto trabajó en otros centros de datos que después se identificaron como instalaciones de Meta. Un vocero de la empresa controlada por Mark Zuckerberg afirmó que todavía no se tomó una decisión sobre una eventual operación en la zona.

Bare conserva alrededor de 200 acciones de Meta dentro de su cartera de inversiones. Reconoce la ironía, pero asegura que, si conociera a Zuckerberg, le daría "una patada en las dos canillas".

La falta de información profundizó el conflicto. Las reuniones públicas suelen terminar entre insultos, varias familias quedaron divididas y los funcionarios alegan que los acuerdos de confidencialidad les impiden revelar detalles.

Empleos, impuestos y USD 110 millones

Tyler McHugh, director de la autoridad de desarrollo económico regional, quedó a cargo de adquirir los terrenos. El plan inicial abarcaba unas 283 hectáreas, pero después creció hasta superar las 809.

Los acuerdos de compraventa alcanzaron los USD 110 millones, que se pagarían si el centro de datos se construye. Según McHugh, la empresa indicó que crearía 400 empleos permanentes y cientos de puestos durante las obras. El condado tiene 11.000 habitantes en edad laboral.

El proyecto también podría duplicar o triplicar el presupuesto municipal. La compañía ofreció al menos USD 15 millones para los servicios de policía, bomberos y ambulancias, además de financiar una mejora del sistema de agua calculada en USD 80 millones.

Los opositores reclaman que esos compromisos queden por escrito. McHugh aseguró que todavía están en proceso de formalización.

La oportunidad de un pueblo pobre

La propuesta encontró respaldo en una ciudad donde uno de cada cuatro habitantes vive debajo de la línea de pobreza. El ingreso medio de los hogares ronda los USD 39.000 anuales, menos de la mitad del promedio nacional.

Danielle Rees, dueña del bar D's Thirsty Beaver, representa a quienes ven el centro de datos como una oportunidad. Su local queda frente al campo donde se levantaría el complejo y ya comenzó a probar un servicio de desayunos ante la posible llegada de obreros.

Rees sostiene que algunos propietarios rurales no advierten las dificultades de quienes viven fuera de las grandes explotaciones familiares. En Maysville resulta difícil encontrar empleos que paguen más de USD 20 por hora.

"Yo diría que sí, diablos, y viviría en lugar de luchar para sobrevivir", respondió cuando le preguntaron qué haría si una empresa de inteligencia artificial le ofreciera USD 26 millones.

Demandas y vecinos enfrentados

Bare y otros opositores presentaron dos demandas contra la ordenanza que regula los centros de datos y contra la rezonificación de los terrenos. La legislación de Kentucky los obligó a demandar a quienes habían autorizado los cambios, incluidos sus propios vecinos.

La disputa demoró el cierre de las compraventas y frenó pagos por decenas de millones de dólares a productores que esperaban cobrar. Un juez desestimó una de las causas, mientras que el otro expediente continúa abierto.

"Algunas de esas personas habrían pasado toda su vida sin entrar a un tribunal, mucho menos demandadas por un vecino que vive a cinco kilómetros", lamentó McHugh.

El funcionario estima que un 20% de la población rechaza el proyecto, otro 20% lo respalda y el 60% restante sólo quiere que el asunto termine. Bare resumió el costo personal de la pelea: "Ahora todos están enojados conmigo".

"Quiero sentarme en mi silla"

Huddleston no imagina otra vida lejos de la casa que construyó su marido. "Aunque tuviera USD 26 millones, querría sentarme aquí, en mi silla, tomar mi café y comer donde siempre lo hago", explicó.

Bare tampoco piensa abandonar el campo. Allí descansan las cenizas de su segundo marido y permanecen las huellas de una historia familiar que comenzó con una compra de tierras en 1848.

La diabetes la dejó casi ciega, pero todavía conoce cada desnivel y cada curva del terreno. Con un bastón, puede guiar a un conductor hasta el arroyo donde las vacas buscan alivio durante los días de calor.

Madre e hija conocen la principal paradoja de su pelea: su rechazo no garantiza que el centro de datos quede afuera de Maysville. Podrían terminar frente al complejo, pero sin recibir compensación alguna.

"En el Día del Juicio sólo tendré que responder por aquello que estaba bajo mi responsabilidad", dijo Bare. "¿De qué eras responsable? Esa es la única manera en que puede funcionar".