El Gobierno nacional habilitó la venta de vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina bajo un nuevo sistema de control estatal que exige registro obligatorio para producir, importar y comercializar estos productos.

La decisión quedó formalizada en la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial, que establece un nuevo marco regulatorio para productos de tabaco y nicotina de nueva generación en todo el país.

Desde el Ejecutivo explicaron que "la medida tiene como objetivo reemplazar el esquema de prohibición vigente por un sistema de registro, control y fiscalización específico que permita establecer estándares mínimos de calidad y seguridad sanitaria para su comercialización".

También indicaron que "la decisión se fundamenta en que la prohibición previa no impidió el acceso ni el consumo de estos productos".

Qué cambia con la nueva regulación para vapeadores

Hasta ahora, la venta e importación de cigarrillos electrónicos estaba prohibida. Con la nueva normativa, se habilita la comercialización bajo control sanitario estricto. 

El nuevo marco establece un sistema de registro, fiscalización y control sanitario. Ningún producto podrá venderse sin autorización previa.

La normativa alcanza tres categorías: cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina, también conocidas como pouches.

Todos deberán cumplir requisitos específicos sobre fabricación, importación, distribución y comercialización. La norma fija límites sobre composición, concentración de nicotina y condiciones de venta en puntos habilitados. Además, exige trazabilidad para identificar el origen y recorrido de cada producto.

Con este cambio, el sistema define reglas para cada etapa, desde producción hasta venta al consumidor. El Gobierno adopta un modelo basado en regulación, fiscalización y trazabilidad. Las autoridades revisarán requisitos y ajustarán criterios según la evolución del mercado y datos sanitarios.

Registro y control sanitario

El Gobierno creó un registro nacional para clasificar estos productos según su tecnología y modalidad de uso, con inscripción obligatoria para fabricantes e importadores.

Las empresas deberán presentar documentación técnica, certificaciones de calidad y declaraciones sobre los componentes.

También deberán incluir advertencias sanitarias en los envases y detallar composición, origen y características de cada unidad, además de cumplir estándares definidos por la autoridad sanitaria.

Los productos que no figuren dentro de las categorías autorizadas no podrán ingresar al país ni venderse.

Fin de la prohibición y diagnóstico oficial

Durante más de 15 años, Argentina mantuvo restricciones sobre estos productos mediante disposiciones de la ANMAT y resoluciones posteriores.

Ese enfoque no logró frenar la circulación. Desde el Ministerio de Salud señalaron que la prohibición resultó ineficaz y favoreció la expansión de un mercado informal sin controles sanitarios ni fiscales.

Ese circuito paralelo permitió la circulación de productos sin información sobre su composición ni garantías de calidad. El nuevo esquema introduce control estatal sobre un mercado que operaba fuera de regulación.

Foco en menores y cambios clave

El nuevo esquema incorpora restricciones específicas para reducir el acceso en jóvenes. Según datos oficiales, los vapeadores registraron una prevalencia del 35,5% en adolescentes durante el último año.

Uno de los puntos centrales es la prohibición de saborizantes en vapeadores. La decisión apunta a reducir el ingreso de adolescentes al consumo. Desde el Gobierno sostuvieron que los sabores dulces o frutales facilitan el inicio temprano y disminuyen la percepción de riesgo.

Solo se habilitan variantes con sabor a tabaco o mentol en determinados formatos.

También quedan prohibidos elementos de diseño que resulten atractivos para menores, como imágenes llamativas o referencias a figuras públicas.

Además, la normativa prohíbe dispositivos electrónicos descartables con soluciones precargadas, por su facilidad de acceso y bajo costo relativo.

Las autoridades sanitarias advierten que el tabaquismo provoca alrededor de 45.000 muertes anuales en el país.

La política combina habilitación regulada con restricciones orientadas a salud pública.