Más de 25 millones de argentinos no acceden a al menos uno de los servicios básicos de red, como agua corriente, gas o cloacas, según los últimos datos publicados por el INDEC sobre condiciones de vida.

En el segundo semestre de 2025, el 52,9% de la población no tuvo acceso completo a estos servicios, lo que marca un deterioro respecto de períodos anteriores.

Un deterioro que suma personas

El empeoramiento no solo se refleja en porcentajes: la cantidad de personas afectadas pasó de 24,48 millones a 25,22 millones en apenas seis meses, lo que implica que más de 743.000 personas se incorporaron a esta situación.

Se trata además de uno de los peores registros desde 2016, solo superado por el pico de 2020. El dato confirma el carácter estructural del problema, aunque con un retroceso reciente.

Qué servicios faltan

El relevamiento permite observar diferencias entre servicios. El 10,3% de la población no tiene acceso a agua corriente, mientras que el déficit es mayor en otros rubros.

En el caso de las cloacas, el 30,5% de los argentinos no cuenta con conexión a la red pública. En gas, el acceso alcanza al 60,5%, lo que deja a casi el 40% de la población sin ese servicio.

Este escenario explica por qué menos de la mitad de la población logra acceder a los tres servicios en simultáneo, consolidando una brecha persistente.

Impacto en los hogares

La situación también se replica en las viviendas: el 47,3% de los hogares no tiene acceso a al menos uno de los servicios básicos, lo que implica un aumento frente a mediciones anteriores.

En términos absolutos, los hogares afectados pasaron de 7,47 millones a 7,66 millones en seis meses, lo que refleja un crecimiento sostenido del problema.

Hacinamiento y saneamiento

En paralelo, los datos muestran que el 3,5% de la población vive en condiciones de hacinamiento crítico, con más de tres personas por cuarto, una cifra que se mantuvo estable en el último año.

En contraste, el indicador de saneamiento inadecuado mostró una leve mejora y descendió al 14,1%, aunque aún afecta a millones de personas.

Los números confirman que el acceso a servicios esenciales es todavía una deuda estructural, con retrocesos recientes que ampliaron el universo de afectados.