El Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, ha anunciado que estudiará posibles acciones legales contra un acuerdo del Ayuntamiento de Madrid que obliga a difundir información sobre el inexistente 'síndrome post aborto'. Esta medida, propuesta por Vox y aprobada con el apoyo del PP, ha sido criticada por contravenir la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva, además de vulnerar derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La Delegación del Gobierno ha subrayado que esta iniciativa invade competencias estatales y autonómicas en materia sanitaria y carece de base científica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su preocupación por esta situación, asegurando que el Ejecutivo será garante del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España. Según Sánchez, este derecho está siendo menoscabado e instrumentalizado por varios gobiernos autonómicos e instituciones, más allá del Ayuntamiento de Madrid. En sus declaraciones, el presidente destacó la alineación del PP con Vox en temas relacionados con los derechos, calificando la situación en Madrid como extremadamente grave.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que el 'síndrome post aborto' no es una categoría científica reconocida. Aseguró que la información que se proporcionará a las mujeres en los centros municipales no será determinada por Vox, sino por profesionales del Ayuntamiento. Martínez-Almeida enfatizó que no se obligará a ninguna mujer a recibir información, sino que esta estará disponible para quienes deseen acceder a ella. Esta postura busca mitigar las críticas y reafirmar la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones informadas.