A mediados de los años 80 Juan Carlos Portantiero sostuvo que el dilema de la democracia consistía en articular las diferencias, es decir, ordenar la multiplicidad de demandas que surgen de los diversos sectores de la sociedad. Así, el equilibrio entre conflicto y consenso debe enlazar a las instituciones clásicas de la democracia formal (partidos, sindicatos, organizaciones empresarias) con otros actores cuyos reclamos no se encuentran representados poraquéllas. Para ser efectiva, dicha articulación debe estar mediada por un acuerdo democrático, un compromiso sobre el marco institucional que contenga la conflictividad social.

Esta idea de pacto social es la que viene a plantear el presidente Alberto Fernández desde el inicio mismo de su gestión y aun antes, desde su campaña. Y la expresó claramente tanto en su discurso de asunción, en diciembre, como al abrir las sesiones del Congreso, el pasado 1 de marzo.

La idea del pacto o acuerdo social democrático cobra fuerza en este tiempo en que las democracias de la región se encuentran atravesadas por profundas crisis, como es caso de la imparable espiral de luchas callejeras en Chile, la confrontación política boliviana y, en nuestro país, la renovada puja tributaria, que se torna política, entre la Nación y un segmento del sector agro-exportador.

Esos fenómenos y otros similares, que expresan tensiones distributivas y demandas puntuales, pueden representar búsquedas razonables de ampliación de derechos o avances progresistas, pero también ser utilizadas para erosionar la legitimidad democrática concitando desafección por lo político.Así, surgen en todo el mundo movimientos autoritarios y conservadores fundados en el fanatismo religioso o en el despotismo de mercado que objetivamente constituyen nuevos peligros para las democracias.

De ese proceso de deterioro dan cuenta hechos como el citado golpe de Estado en Bolivia, el avance del autoritarismo en Brasil y la judicialización de la política en casi toda la región, pero también se expresa de otras maneras, cuando se amenaza con limitar la democracia por la captura por parte de las elites de las estructuras del Estado para favorecer a una fracción del capital por sobre los intereses mayoritarios.

En ese contexto regional inestable donde coexisten movimientos de avanzada y amenazas reaccionarias, el repertorio de acciones plebeyas, como marchas y manifestaciones, protestas y altisonancias en el espacio público, externas a la representación política, lleva a interrogarse: ¿quién tiene el derecho a decidir?

Una respuesta liberal democrática conduce a afirmar que solo el Congreso y el Ejecutivo deciden las políticas estatales. Sin embargo, está visto que la heterogeneidad de la sociedad civil, las demandas que no cobijan las instituciones convencionales, alientan a pensar en otro diseño para canalizar los antagonismos sociales.

En Argentina, la confrontación entre distintos sectores asume diversas expresiones y magnitudes, desde justas reivindicaciones puntuales como el libre acceso público al Lago Escondido, hasta expresiones multitudinarias, como la del movimiento feminista que reclama en todos los ámbitos y en las calles por el aborto legal, libre y gratuito y medidas contra la violencia de género.

Este escenario requiere imaginar instituciones participativas que permitan consolidar la vida democrática. Eso puede lograrse solo desde una intervención activa de la ciudadanía, limitando el poder de las elites políticas y económicas, asumiendo el control de la acción gubernamental y facilitando la expresión de las preferencias mayoritarias en materia de políticas públicas.

Para que ello sea posible, todo pacto o convenio social debe legitimarse mediante la incorporación de mecanismos de intervención ciudadana y, en esta materia, hay antecedentes tanto en Argentina como en la región y en el mundo, donde se han desarrollado distintas instituciones participativas y metodologías de democracia directa que pueden contribuir a perfeccionar el régimen representativo, ampliando su perfil y consolidando su vigencia.

Esos modos de intervención ciudadana son muchos y algunos de ellos podrían integrar un repertorio de políticas públicas que el actual gobierno podría aplicar con éxito.

Desde las conferencias de políticas públicas, probadas en Brasil, cuyo diseño combina representación, deliberación y participación en un proceso que se inicia con debates en el ámbito local que luego escalan a través de representantes al nivel federativo, hasta las más conocidas expresiones de protagonismo popular como la del presupuesto participativo, que reconoce una larga trayectoria desde sus orígenes gaúchos a fines de los ´80 pero que trepa a política estatala partir de 2017, cuando Portugal asume a nivel nacional esta metodología asamblearia.

En nuestro caso, sería muy útil fortalecer aquellas instancias ya existentes, entre las que destaca en el nivel local la de Presupuesto Participativo que, través del Programa Nacional de Presupuesto Participativo y la Red Nacional de Presupuesto Participativo (RAPP), desplegó entre 2008 y 2015 un centenar de valiosas experiencias, muchas de las cuales aún perduran. Relanzar aquel Programa y su correlativa RAPP en ésta nueva etapa, constituiría un aporte sustancial al perfeccionamiento de la representación política, más allá de los cánones meramente electorales, indiscutibles, pero quizás insuficientes.

Junto a dicha recuperación de una experiencia reciente debieran considerarse las demás instancias que en varias provincias se expresan en otros mecanismos de democracia directa, como las audiencias públicas, el referéndum, la revocatoria de mandato o la iniciativa legislativa. Y, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliendo el mandato constitucional local de aplicar el presupuesto participativo.

El establecimiento de este nuevo pacto social con la inclusión de la dimensión participativa fortalecería mucho nuestro régimen político y podría ser parte del conjunto de reformas que permitan construir un Estado que contribuya a atenuar la desigualdad, reconocer las diversidades y expandir la intervención ciudadana al momento de aplicar recursos y determinar políticas públicas.