La directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, renunció a su puesto luego de que el presidente Javier Milei ordenara el traslado del sable corvo de San Martín desde el museo ubicado en Parque Lezama hasta el Regimiento de Granaderos, ubicado en Palermo. 

El sable fue donado por la familia descendiente de Juan Manuel de Rosas en 1897, a quien San Martín le dejó su sable por testamento. Desde entonces, estuvo expuesto y custodiado por el Museo Histórico Nacional. Sin embargo, el hogar del sable cambió a través del tiempo: fue robado tres veces y el presidente militar Juan Carlos ordenó su traslado al Regimiento de Granaderos. Después de 50 años, fue devuelto al museo a través de un decreto firmado por la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, según lo dispuesto por los herederos del sable.

Rodríguez Aguiar se desempeñaba como directora nacional de museos hasta que llegó al Museo Histórico Nacional en reemplazo de Gabriel Di Meglio, quien fue obligado a presentar su renuncia en junio del 2025. Tras menos de un año de gestión, fue ella quien decidió renunciar en disconformidad con la decisión presidencial sobre el sable corvo.

Según aseguró a través de una carta abierta, la historiadora calificó el fundamento del decreto como una "interpretación muy original" del proceso de donación del sable. Le agradeció al personal del museo y a las áreas con las que trabajó en coordinación durante los meses de trabajo.

La reubicación del sable tiene un impacto simbólico porque es una pieza emblemática del museo. El decreto firmado por el jefe de Estado exige una "custodia reforzada" del sable, pero no menciona la curaduría técnica y la exhibición pública masiva.

Tras conocerse la noticia del traslado, los herederos presentaron una cautelar para frenar el proceso de traslado. Recordaron que el sable fue donado al Estado "con la condición de ser exhibida y preservada en el Museo Histórico Nacional". Argumentaron que la decisión forma parte de "un show político con el patrimonio" y acentuaron la falta de argumentos del Gobierno para decretar el traslado.